De Miguel tiene diez días para entrar en prisión y el Gobierno Vasco ejecuta su despido

Este trámite, el último para cerrar un proceso que arrancó en 2009 a raíz de la denuncia de la abogada Ainhoa Alberdi, acumulaba semanas de retraso. El Supremo confirmó el 10 de enero las principales condenas impuestas en 2019 por la Audiencia de Álava, pero la notificación oficial ha tardado más de dos meses en llegar, especialmente por la huelga de los letrados de la istración de Justicia. Pero una vez recibida la ratificación del alto tribunal, el órgano provincial se ha apresurado a completar el recorrido legal en apenas un día.

El auto de firmeza, cuya ponente ha sido Elena Cabero, una de las tres magistradas que firmó el fallo original, establece que «se declara firme y ejecutoria» la sentencia, acuerda abrir autos separados de ejecución por cada uno de los condenados –quince en total, de los cuales cinco tienen penas de prisión, aunque uno de ellos, el empresario Iñaki San Juan, eludirá su ingreso– y decreta la disolución de empresas como Kataia Consulting, utilizada por la trama de los exdirigentes del PNV alavés para camuflar las comisiones ilegales.

Este auto contempla también de manera indirecta el despido de Alfredo de Miguel y Koldo Otxandiano de sus actuales puestos de trabajo en la istración; en concreto, de la fundación Hazi y del Parque Tecnológico de Miñano, respectivamente. El Gobierno vasco se había amparado hasta ahora en la falta de esta comunicación para no ejecutar la decisión. El miércoles, cuando el Supremo notificó el fallo a la Audiencia, el Departamento de Gobernanza Pública decía en una nota que esperaba recibir el documento de firmeza en los próximos días para «dar lugar a las actuaciones correspondientes».