La Audiencia Nacional corrige al juez García Castellón y da por concluida la causa de los ongi etorri a presos de ETA

La Sala de lo Penal estima así el recurso que presentó el fiscal del caso Carlos García Berro, que en su escrito indicaba que no encontraba delito en esos chats y que eran además ajenos a la investigación.

En un auto, al que ha tenido Europa Press, la Sección Tercera deja además sin efecto la diligencia consistente en dirigir mandamiento a Telegram para que informara de la titularidad de tres canales, uno de ellos istrado por Sortu y otro por la red ciudadana Sare.

La Sala, tras hacer un repaso de todos los acontecimientos, considera que la petición de las acusaciones de practicar las mencionadas diligencias con el fin de prorrogar la causa es «absolutamente extemporánea».

Para el tribunal resulta sorprendente que dicha diligencia -solicitar mandamiento a Telegram- se pidiera el 3 de noviembre de 2023 cuando el informe de la Guardia Civil en el que se sustenta era del mes de febrero anterior. «En definitiva, la falta de fundamentación jurídica que se refiere a la causa por la que no habría sido posible acodar librar mandamiento a Telegram para determinar la titularidad y la identidad de los es de tres canales, no obstante obrar en el procedimiento de Informe 2/2023 de la Guardia Civil sobre los dispositivos electrónicos intervenidos, así como justificar el cambio radical de criterio del instructor del auto 27 de octubre de 2023 al 29 de enero de 2024 lleva a la revocación de este último», apunta el tribunal.

La Sala considera que la instrucción debe darse por concluida con fecha de 29 de octubre de 2023. Y apunta que se trataría de «una dilación innecesaria» acordar diligencias «más de ocho meses después de que el informe de análisis de los teléfonos (intervenidos) estuviera incorporado a la causa».

La Fiscalía, en su recurso de apelación, indicaba que la decisión del juez distaba mucho «de ser ajustada a derecho» y recordaba que el propio magistrado ya en octubre de 2023 había considerado «finalizada la instrucción». Dado que la decisión de prórroga fue adoptada por el juez en enero a raíz de un escrito de Dignidad y Justicia (DyJ), el fiscal se detenía en los argumentos de la asociación de víctimas y explicaba que los hechos a los que hacía mención eran «completamente ajenos a la instrucción» y que sólo se refería como única diligencia de instrucción que restaba por practicar «al libramiento de mandamiento judicial a la compañía Telegram para que informara sobre la titularidad de canales así como la identificación de los es de los mismos».

El Ministerio Público acusaba en su escrito a DyJ de pretender realizar «una suerte de inquisición general contra todo aquel relacionado con el colectivo de presos de la extinta banda terrorista ETA, sin que exista apariencia delictiva en las conductas que se exponen». «No es delito ser vasco. No es delito ser preso, no es delito conversar, no es delito actuar políticamente en la dirección que a cada cual le plazca. Y, por supuesto, no es delito que los abogados realicen cuantas gestiones consideren oportunas para tratar de favorecer la situación penitenciaria de sus clientes», reprocha el fiscal al titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional.

El 30 de enero, García Castellón había accedido a lo solicitado por la Asociación Dignidad y Justicia, la AVT y el PP, y, en contra del criterio de Fiscalía acordó prorrogar la instrucción de la causa en la que investiga en la organización de un centenar de actos de «homenaje» a expresos de la banda entre 2016 y 2019. El juez tomó la decisión de la reapertura meses después de que él mismo hubiera puesto fin a la instrucción. Ese mismo mes de enero el Ministerio Público le pidió que acordase el procesamiento de los etarras Antton López Ruiz, «Kubati», Carlos Sáez de Egilaz y Felipe San Epifanio, «Pipe», así como el de los dirigentes de Sortu Haimar Altuna y Oihana Garmendia, y la miembro de «Kalera, kalera!» Oihana San Vicente.