Sánchez impulsará junto a Palestina una resolución en la ONU contra el bloqueo en Gaza

«Debemos instar a Israel a que detenga urgentemente la operación militar de ocupación de Gaza. Gaza pertenece, y seguirá perteneciendo, a los palestinos. El desplazamiento forzoso o la expulsión de personas de su tierra es deplorable y constituye una violación del derecho internacional», denunció Sánchez durante la cita de la organización que agrupa a más de un centenar de partidos socialdemócratas, socialistas y laboristas del mundo y que el jefe del Ejecutivo español lidera desde 2022.

Declaraciones que se producen un año después del reconocimiento del Estado palestino por parte del Gobierno español –el aniversario se cumplirá este miércoles–, y cuando la tensión entre Madrid y Tel Aviv no se ha rebajado a los niveles anteriores a los atentados de Hamás del 7 de octubre. La semana pasada, el Ejecutivo que dirige Benjamín Netanyahu convocó a la embajadora española, Ana Salomon, para amonestarla tras las declaraciones de Pedro Sánchez durante una sesión de control en elCongreso. Insinuó, sin señalarlo directamente, que el país judío era un «estado genocida». España, a su vez, hizo lo propio el miércoles, cuando convocó al encargado de negocios de la embajada israelí, Dan Poraz, para trasladarle la condena del Gobierno por el «gravísimo incidente» ocurrido cuando soldados hebreos abrieron fuego durante una visita a Cisjordania de diplomáticos, entre los que había un español.

Exteriores amonestó a Poraz, un cargo diplomático de segunda fila, porque la legación israelí en Madrid está vacante desde hace un año, cuando Netanyahu, procedió a llamar a consultas a la embajadora Rodica Radian-Gordon en protesta, precisamente por la decisión del Ejecutivo de reconocer el Estado palestino. Y por ahora no hay visos de que Tel Aviv mande un sustituto.

En este periodo, Sánchez ha hecho de la causa palestina uno de los pilares de su política exterior. El presidente del Gobierno busca liderar la presión sobre ISrael y atraer a Bruselas.

En esta estrategia, España e Irlanda han encontrado socios como Francia y Países Bajos en su petición a la Comisión Europea de revisar el acuerdo de asociación entre la UE e Israel. Una demanda a la que accedió la jefa de la diplomacia europea, la estonia Kaja Kallas, al compartir el martes las dudas sobre si el Estado hebreo está cumpliendo sus obligaciones en materia de respeto de los Derechos Humanos y en la misma semana en la que Reino Unido rompía sus os comerciales con Tel Aviv.

Ante el deterioro de la situación en Gaza, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, reunirá hoy en el Palacio de Santa Cruz al llamado Grupo de Madrid, que integran los países europeos y árabes que promueven la solución de dos estados y el reconocimiento internacional de Palestina como vía para superar el conflicto en Oriente Próximo.

Con esta reunión, España busca impulsar el diálogo «para poner fin a la catástrofe humanitaria» en la franja y avanzar hacia la solución política del conflicto con dos Estados, Israel y Palestina, «viviendo uno junto a otro en paz y en seguridad».

vPero el conflicto tiene una derivada en la política doméstica, especialmente por la presión de los socios del Gobierno para romper relaciones con Israel y llevar a Netanyahu ante la Corte Penal Internacional por «delitos de genocidio». El martes salió adelante una proposición de ley impulsada por Sumar y Podemos y que también llevaba las firmas de EH Bildu, ERC y el BNG que busca aplicar un embargo de armas al Estado hebreo.Los socialistas apoyaron la iniciativa mientras PP y Vox la rechazaron.

El partido que dirige Alberto Núñez Feijóo se sumó el miércoles a las voces que piden a Netanyahu detener su ofensiva militar en Gaza, aunque insisten en que Hamas es «el principal problema del pueblo palestino» y tachan la posición internacional de Sánchez de «antisemistimo». También dejan en manos de la UEla decisión de revisar los acuerdos comerciales con Israel.

En medio, regresó esta semana al Congreso el polémico contrato para adquirir a una empresa israelí 15 millones de balas por 6,8 millones de euros para la Guardia Civil que Interior se vio obligado a cancelar tras la intervención de Sánchez. El ministro Fernando Grande-Marlaska lo asumió como «un error puntual». Podemos le llamó «mentiroso».