Familiares de uno de los ertzainas asesinados por Mikel Otegi denuncian el «profundo dolor» padecido

La familia del agente advierte que Otegi salió y regresó a la prisión como cualquier ciudadano que acude a una cita con el odontólogo, «con la única peculiaridad de que está condenado a 34 años de prisión por el asesinato de dos ertzainas y aún le quedan 10 años de condena por cumplir».

Los familiares del ertzaina asesinado exigen «transparencia» y «coherencia» respecto a las decisiones tomadas. «No buscamos venganza, ni mucho menos interponernos en el proceso de resocialización de ningún reo».

En su comunicado la familia del agente rememora que el etarra Mikel Otegi estuvo fugado de la justicia durante más de seis años y, tras ser condenado en Francia por pertenencia a banda armada y tenencia ilícita de armas, fue finalmente en 2012, 17 años después de haber perpetrado ambos asesinatos, cuando fue condenado por la Audiencia Nacional a la pena de prisión de 34 años,

«Aquellos dos ertzainas tenían nombre y apellidos, familia, y sobre todo futuro, hasta que el reo de asesinato decidió segar por siempre la vida de dos personas: José Luis González Villanueva e Iñaki Mendiluce Echeverria», recuerdan.

Los familiares de Iñaki Mendiluce confiesan vivir con «resignación, profundo dolor y humillación» los hechos acaecidos esta semana, y califican de «inhumano» recibir una noticia de esta envergadura a través de los medios de comunicación, tras haber sido ados por las autoridades penitenciarias competentes «sólo cuando la opinión pública ha tenido noticia de los hechos», lamentan en la nota difundida ayer.

Las declaraciones del asesor del Gobierno Vasco en materia penitenciaria, Jaime Tapia, que achacaba la decisión a una cuestión de «economía de gasto», ha incendiado la polémica. En el comunicado publicado, la familia Echeverría califican de «deleznable» que «la excarcelación temporal de un preso sin vigilancia sea el gasto», denuncian.

Por todo ello, consideran «degradante para la sociedad» que se trate de argumentar que un preso que se fugó de la justicia y al que le quedan dos lustros de condena por cumplir «no fue acompañado policialmente al dentista para ahorrar».

A su juicio, cuando el Gobierno Vasco «argumenta que la salida no vigilada de un terrorista es plenamente legal, por descontado está diciendo que hay una norma», pero se preguntan si acaso la misma «es justa y si el proceder en su aplicación también lo es», y se preguntan si es justo que una persona «con manifiesto desprecio por la vida» y que no ha mostrado arrepentimiento «goce de libertad», sentencian en la nota enviada a los medios. Además, sostienen que la paz en Euskadi no puede construirse sobre «la base del silencio» y «vejación de las víctimas», de tal modo que «no es suficiente organizar memoriales y poner flores en pebeteros».

Por su parte, el PP ha presentado en el Parlamento Vasco una solicitud de información dirigida a la consejera de Justicia, Nerea Melgosa, en el que pide explicaciones sobre el permiso extraordinario otorgado.