El Gobierno Vasco anuncia sanciones por la exhibición de símbolos de ETA

La consejera comunicó la puesta en marcha de un nuevo protocolo que establezca «mejoras» en la información que reciben las víctimas sobre las progresiones de grados u otros cambios en la situación penitenciaria de sus victimarios. En este sentido, calificó de «inisible éticamente» que la imagen de los victimarios «y los símbolos que les representan ocupen espacios públicos», en alusión a los carteles y fotografías de presos de ETA. Y pidió «la no revictimización» de las víctimas. Por ello, defendió que una «sociedad democrática plena debe ser proactiva para rechazar y poner los medios a su alcance para impedir la exhibición acrítica de los victimarios».

Con el objetivo de «garantizar» los servicios públicos, la consejera se reunirá en breve con el ministro de Justicia, Félix Bolaños. ¿El fin último de la cita? Trasladar al Ejecutivo central la necesidad de que Euskadi cuente con más juzgados que puedan mitigar la sobrecarga de trabajo y así atender en mejores condiciones la demanda existente.

La consejera de Justicia, que cerró ayer en la Cámara de Vitoria la ronda de comparecencias de todos los del Gobierno Vasco, puso el foco en la necesidad de fomentar una Justicia accesible e igualitaria para todos los ciudadanos y mostró su compromiso «expreso» por avanzar en la euskaldunización, –momento en el que parlamentaria de EH Bildu, Eraitz Saez de Egilaz, le afeó los «problemas de los vascoparlantes en la justicia»– y para garantizar la gratuidad en la prestación de la Justicia. Además, adelantó que durante su mandato se actualizará la Estrategia Vasca de Justicia Restaurativa, en vigor hasta 2025, siempre, afirmó, centrando la atención «en la reparación del daño causado» y «el reconocimiento del daño injusto cometido». Con las víctimas– insistió–, «siempre en el centro».

San José anunció también que la istración penitenciaria contará esta legislatura con «entidad propia» dentro de la estructura del Gobierno con la creación de una dirección específica de servicios penitenciarios. Y se refirió a la prisión de Zubieta, aunque no dio detalles sobre la fecha de apertura de la nueva cárcel de Gipuzkoa.

A preguntas de los grupos de la oposición respecto a los presos de ETA, la consejera aseguró que «nadie espere de mí un trato distinto a los presos» de la organización terrorista. Y, ante las críticas por la concesión de los terceros grados, reconoció que sí se han revocado algunos de ellos. Además, recordó al PP, ante las críticas de la parlamentaria Laura Garrido, que durante el Gobierno de Aznar también se concedieron libertades provisionales a condenados por terrorismo.

En cuanto a la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Euskadi, incidió en que «nuestra dignidad como sociedad, la Euskadi decente que queremos construir, pasa por tener viva esa memoria crítica que no deje un agujero negro, un espacio impune, una pregunta sin responder, una pena sin cumplir y una reinserción sin completar».