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David Guadilla
Jueves, 8 de agosto 2024, 13:22
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha instado a Francia a «agilizar» la entrega de cuatro exjefes de ETA que se encuentran ... investigados por el atentado contra la casa-cuartel de Santa Pola (Alicante) en 2002. La bomba colocada por el comando acabó con la niña Silvia Martínez Santiago, de seis años, y de Cecilio Gallego, de 57.
La petición se refiere a Soledad Iparragirre, 'Anboto'; Juan Antonio Olarra Guridi, 'Juanvi'; Félix Ignacio Esparza, 'Navarro', y Ainhoa Múgica, 'Olga'. De los cuatro, tres ya están en España, aunque Francia debe autorizar que sean juzgados por este delito. El único que cumple condena en territorio galo es Esparza. La Audiencia Nacional condenó en 2012 a 843 años de cárcel a los etarras Andoni Otegi Eraso, 'Iosu', y Óscar Celarain Ortiz, 'Peio', al considerar probado «sin ningún género de duda» que fueron los autores del atentado.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 emite un recordatorio a las autoridades galas «a fin de que valoren la procedencia de agilizar las gestiones llamadas a resolver sobre la entrega de los investigados respecto de los que queda pendiente la materialización de las órdenes de detención y entrega expedidas en su día».
En esta causa, García Castellón ha investigado la presunta responsabilidad de la cúpula de la banda en el atentado perpetrado el 4 de agosto de 2002. El juez insiste en que «se consideran practicadas todas las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos». «La continuación del procedimiento queda exclusivamente a expensas de la decisión de las autoridades sas», repite.
En ese escrito, García Castellón apunta a los cuatro exjefes, «en tanto que del máximo órgano director y coordinador de la banda terrorista ETA, al cual se considera encargado, a través de las estructuras que los investigados referidos dirigían, de proporcionar los medios personales y materiales necesarios a los comandos armados operativos para la comisión de los atentados».
El mismo ejercería «un control total sobre los actos de sus militantes, concretando dónde, cómo, cuándo, y con quién realizaría sus funciones o viviría, afectando a todos los de la organización, también a los presos, los huidos en terceros países y, por supuesto, a los que estaban en activo».
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