Nuevo permiso a una presa de ETA para salir de la cárcel sin custodia policial

Sáez de la Cuesta, que lleva en prisión desde 2001, tenía previstas ayer dos citas médicas. Su salida figuraba en el orden del día de la unidad y una patrulla de la Brigada Móvil, que se encarga de conducir a presos, acudió a la cárcel para custodiarle durante la salida. Sin embargo, al llegar se repitió lo que pasó hace sólo cinco días, cuando les movilizaron para controlar en su salida al dentista al preso de ETA Mikel Otegi, condenado por el asesinato de dos ertzainas en 1995. En la cárcel les volvieron a decir que no era necesaria su intervención, ya que se le había concedido una salida «autogestionada». Es decir, que se iba a encargar de salir y volver a la cárcel por sus propios medios. Los ertzainas que se encargan de estos traslados insisten en que «jamás» habían visto un proceder similar.

Sáez de la Cuesta está en prisión por el asesinato del subteniente retirado de la Guardia Civil Alfonso Parada Ulloa en Vitoria en mayo de 1998, por lo que fue condenada a 29 años de privación de libertad. Además, recibió una pena de 10 años por el intento de atentado contra el expresidente de la Xunta de Galicia, Manuel Fraga, en 2001.

También fue miembro del 'comando Basurde' y actuó como lanzadera de la denominada 'caravana de la muerte'. Su misión era facilitar la introducción en España de dos furgonetas cargadas con más de 1.600 kilos de explosivos que iban a ser colocadas en Madrid y que fueron interceptadas en Calatayud.

Sáez de la Cuesta, vecina de Vitoria, lleva en prisión desde 2001 y fue acercada a la cárcel de Zaballa en 2022. Según la información del Ministerio del Interior, el próximo septiembre cumplirá tres cuartas partes de su condena.

Este permiso fue concedido por istración Penitenciaria, un organismo dependiente del Departamento vasco de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, que asumió la competencia de las tres prisiones vascas en octubre de 2021, tras el acuerdo suscrito con el Ministerio del Interior. Esta autorización se produce apenas cinco días después de la licencia concedida a Mikel Otegi.

El Ejecutivo autonómico insistió entonces –en palabras de su principal asesor penitenciario, el juez Jaime Tapia– que esta medida «no es excepcional» y encaja en la normativa vigente. En concreto mencionaron el artículo 155.4 del Reglamento Penitenciario. Tapia también habló de la «economía de gasto» para justificar esta decisión y afirmó que, antes de conceder el permiso, se evaluó la situación del preso, los años de condena y los riesgos de reincidencia y fuga. Ayer, fuentes autorizadas del Departamento de Justicia insistieron en que no se trata de «ningún privilegio» y que lo único que están haciendo es «cumplir el reglamento».

Sin embargo, estas explicaciones no han evitado duras críticas tanto de una de las familias de las víctimas, que acusaron al Gobierno vasco de haberles «humillado» con esta decisión, como de las asociaciones de damnificados, los principales sindicatos de la Ertzaintza y el Partido Popular.