Sortu dice que el juicio de los 'ongi etorri' busca «derribar» a Sánchez

El juez Manuel García Castellón acordó en abril, a instancias de la Fiscalía, juzgar a los de la Comisión de Presos de Sortu, en la que están Antón López Ruiz, «Kubati»; Carlos Sáez de Eguilaz y Felipe San Epifanio, «Pipe»; junto a varios dirigentes de la formación como Haimar Altuna, Oihana Garmendia y Oihana San Vicente. Las peticiones de pena son de hasta nueve años de prisión.

En una rueda de prensa celebrada este martes en San Sebastián, en la que además de Altuna y San Vicente, ha comparecido su abogado, Aiert Larrarte, han recalcado que el proceso busca, «por un lado, obstaculizar el camino hacia la paz, la convivencia y la libertad que se está recorriendo en Euskal Herria, y por otro, derribar al actual Gobierno español».

Larrarte ha considerado que se está pretendiendo «hacer una causa general intentando convertir la humillación a las víctimas en un concepto jurídico» y que todo el proceso tiene un sesgo político. En este mismo sentido han denunciado que se trata de un caso más de 'lawfare', con el objetivo de «dañar el camino avanzado en los últimos diez años mediante la criminalización y la represión, enrareciendo el ambiente y dificultando las relaciones políticas».

A los imputados se les acusa de los delitos de participación en organización criminal y un delito continuado de humillación y enaltecimiento. Tando Dignidad y Justicia como el PP piden 6 años para cada procesado por el primer delito y 2 años y 8 meses por el segundo. La AVT, por su parte, pide 6 años y 3 años. La petición del fiscal es de 5 años y 7 meses para cada uno de los procesados.

«Se ha actuado entre los límites establecidos por la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos a través de varias sentencias. Es más, la jurisprudencia orienta a los tribunales a eliminar este delito», ha sostenido Larrarte.

El abogado ha añadido que para que haya este tipo de delitos «tiene que haber expresiones de violencia, y no las hay» y ha señalado que «se ha pretendido hacer una causa general intentando convertir la humillación a las víctimas en un concepto jurídico».