El Supremo confirma el grueso de las penas a cinco excargos del PNV por el caso De Miguel

El contable del Parque Tecnológico de Miñano y exburukide del ABB, Koldo Otxandiano, irá seis años a prisión, y el exconcejal de Vitoria y exmiembro del ABB, Aitor Telleria, tendrá que pasar cinco años en la cárcel. Xabier Sánchez Román, exdirector de Juventud del Gobierno Vasco con el lehendakari Ibarretxe, ha sido condenado a siete años. E Iñaki San Juan, exedil jeltzale en Leioa, a tres años.

El fallo sorprende al PNV, un día después de que el presidente del EBB, Andoni Ortuzar, hubiera pedido precisamente rapidez a la Justicia para cerrar el caso tras más de 13 años de mantenerlo abierto. Los jeltzales volvieron este martes a marcar distancias y a decir que, en todo caso, el asunto no tiene nada que ver con ellos. Se desmarcaron de este capítulo desde el principio al suspender su afiliación al partido, cautelarmente, a los afectados salpicados por el escándalo.

Eso sí, el fallo dio este martes munición política a los partidos de la oposición en el Parlamento Vasco -tanto EH Bildu, como Elkarrekin Podemos, el PP y Vox- al elevar el voltaje de sus críticas y a cargar con dureza contra el PNV, por su respuesta, que consideran 'tibia', aunque los jeltzales iniciaron los primeros cortafuegos tras los pronunciamientos judiciales iniciales. Los socialistas mostraron su confianza en que se cumpliera la inhabilitación como funcionarios públicos de los condenados. Pero el asunto se ha convertido desde un comienzo en un campo minado para el PNV, que veía que el ariete de la corrupción era utilizado de forma hiriente por todos sus rivales. Sin embargo, aparentemente, el asunto no le ha provocado un desgaste político y electoral, aunque sí ha llevado a los jeltzales a colocarse a la defensiva y a esgrimir un registro autocrítico para distanciarse de los hechos.

El tribunal sólo ha realizado algunas correcciones técnicas menores a la resolución del tribunal de instancia y ha confirmado las condenas por delitos de tráfico de influencias, inducción o cooperación a la prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, falsedad documental, asociación ilícita y blanqueo de capitales relacionados con actividades que favorecieron la adjudicación de contratos públicos a determinados empresarios a cambio del cobro de comisiones.

Según el relato de hechos probados que ahora se convierte en firme, De Miguel, Otxandiano y Telleria se prevalieron de su capacidad de influencia política como de la ejecutiva alavesa del PNV con personalidades que ocupaban puestos de relevancia en la istración autonómica y municipal. De este modo, argumenta el fallo, se concertaron para favorecer que determinados organismos de la istración adjudicaran contratos de obras o de servicios a aquellos empresarios que estuvieran dispuestos a pagarles una comisión.

El alto tribunal ha realizado algunos ajustes a la baja tras una larga espera de casi 14 años desde que estallara el escándalo. El fallo es firme, lo que implica la expulsión definitiva del PNV de los condenados y su suspensión como funcionarios públicos -de De Miguel y Otxandiano- lo que implica que serán despedidos como gerente de la fundación pública Hazi y contable del Parque Tecnológico de Miñano, respectivamente, ligados al Gobierno Vasco. El fallo confirma el trabajo investigador del instructor, Roberto Ramos, de los fiscales Josu Izaguirre y Manuel Pedreira, de la Ertzaintza, y de la Audiencia Provincial de Álava, en el medio del ojo de la tormenta durante años.

El Supremo absuelve también a Julián Sánchez Alegría, presidente de la red de parques tecnológicos, aunque su pena era exclusivamente de inhabilitación y no de cárcel. El gerente de Miñano, Alfonso Arriola, también se queda en cuatro años de inhabilitación.

El constructor Jon Iñaki Echaburu, asimismo, no entrará en la cárcel al rebajarse su pena de dos años y cinco meses a solamente cinco meses. Iñaki San Juan ve ajustada su condena definitiva a cuatro años, cuatro meses y 15 días de cárcel. San Juan era socio de De Miguel en varias actividades. Otro de los acusados, Xabier Sánchez Robles, mantiene una pena de siete años, un mes y 15 días. El exdirector de Juventud con el Gobierno de Juan José Ibarretxe facilitó que las empresas de la trama accedieran a adjudicaciones irregulares y, durante la vista oral, intentó justificarlos con pruebas que se estimaron falsas.

El ponente de la sentencia ha sido el magistrado Pablo Llarena, principal responsable de la acusación judicial contra Carles Puigdemont tras el procés soberanista catalán. Los afectados pueden recurrir por vulneración de derechos fundamentales ante el Constitucional y después a Estrasburgo. La Fiscalía no recurrió las sentencias para elevar las penas. El desenlace de ayer corrobora un duro varapalo a una trama corrupta que ya fue sancionada hace tres años por la Audiencia de Álava, que siempre defendió que los acusados se aprovecharon de sus cargos para enriquecerse con contratos irregulares y algunas mordidas de empresas.