El Ayuntamiento hará un informe de legalidad sobre el centro comercial de Aldapeta a petición de EH Bildu y Elkarrekin

El gobierno municipal (PNV-PSE) concedió la licencia de obra mayor el pasado 10 de septiembre al promotor de este espacio comercial de 8.000 m2, pero la obra aún no ha arrancado en espera de que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) resuelva la impugnación del plan especial que ordena la parcela presentada en 2023 por parte de la asociación de comerciantes Dendartean, los colectivos vecinales Erdian Bizi y Amara Bai, y la coordinadora Donostia Defendatuz.

Las dudas sobre la legalidad de la operación de estos grupos políticos son las mismos que llevaron al ex alcalde Odón Elorza y su entonces concejal de Urbanismo, Jorge Letamendia, a denunciar a finales de octubre del año pasado que la construcción de este espacio comercial bajo el talud verde de Aldapeta «es ilegal». El resumen de la irregularidad es que el proyecto «incumple el cómputo dotacional de espacios libres/zonas verdes» porque la normativa (decreto 123/2012, de 3 de julio, sobre estándares urbanísticos) no considera como tales las ubicadas sobre espacios o «aprovechamientos lucrativos de titularidad privada», como es el caso. Elorza cree que al no cumplir el planeamiento de San Bartolomé el estándar mínimo de espacios libres (solo habría 4.461 m2 de zonas verdes frente a los 7.198 m2 del estándar obligatorio) la licencia es «ilegal»

Los grupos municipales EH Bildu y Elkarrekin utilizan el mismo argumento para pedir un informe de legalidad a la dirección jurídica del Ayuntamiento para conocer «la correcta interpretación a dar a lo dispuesto en el Decreto 123/2012 de estándares urbanísticos». Este decreto en su artículo 6 dice que en ámbitos de suelo urbano no consolidado residencial, como es el caso, debe destinarse un mínimo del 15% de la superficie total del área o actuación de dotación, excluidos los sistemas generales, para zonas verdes y espacios libres. A su vez, el artículo 6.5 dispone que «podrán computar como superficies de suelo debidas a los estándares de dotaciones locales, las cubiertas transitables de las edificaciones de titularidad pública siempre que las mismas puedan ser de uso y s públicos cumpliendo con ello la finalidad propia del estándar legal». No obstante, de los 15.126 m² que se reservan en el ámbito para Sistemas Locales de Espacios Libres (SLEL), «10.665m² de ellos se corresponden con superficies en cuyo subsuelo se sitúan aprovechamientos lucrativos privados», concretamente el centro comercial y el aparcamiento y, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 6.4 del referido Decreto, «podría cuestionarse si dichas superficies pueden o no ser computadas como Sistemas Locales de Espacios Libres». En el caso de excluir dichas superficies como computables, la dotación de Sistemas Locales de Espacios Libres quedaría en 4.461 m², «netamente inferior al estándar mínimo obligatorio de 7.198 m²».

La duda que propicia la solicitud conjunta de EH Bildu y Elkarrekin Donostia es «si debajo del espacio dotado para zonas verdes y libres se puede construir un espacio cuyo uso sea lucrativo. Parece que el decreto puede impedirlo y, si eso es así, no puede haber ni un centro comercial ni un aparcamiento. Puede que a raíz de la reciente sentencia del TSJPV sobre Illarra se le dé al decreto otra interpretación, y cabe aclararlo», indican ambas formaciones.

Fuentes del gobierno municipal volvieron a reiterar que el planeamiento de esta parcela y la licencia de obra se han aprobado con todos los informes jurídicos a favor y recordaron que este proyecto comercial, así como el hotel en el cerro de San Bartolomé y las viviendas junto al muro «se introdujeron en el planeamiento cuando gobernaba Bildu, con el apoyo de todos los grupos municipales, porque Juan Karlos Izagirre y su ejecutivo dudaban de la viabilidad económica de la operación y nos convencieron de que había que mover ficha para garantizar nuevos ingresos a los previstos. ¿Ahora quieren tumbar lo que entonces decidieron? No parece muy coherente. En todo caso, estamos a la espera, el Ayuntamiento y los promotores, de lo que decida el TSJPV sobre el recurso presentado en 2023».