Los jefes de servicio imputados por la OPE de Osakidetza declararán a final de mayo, pasado el ciclo electoral

En los tres casos, los opositores que sacaron las mejores notas en dichas pruebas eran médicos de los hospitales donde los imputados trabajan. César Augusto Valero lo hace en la OSI Araba, María Reyes Vega en el Hospital de Basurto y José Luis Cabriada en el Hospital de Galdakao. Los tres, además de jefes de servicio, fueron de los tribunales de la OPE y autores de las preguntas de dichas especialidades médicas. Las declaraciones comenzarán en la última semana de mayo, es decir, tras la elecciones forales y municipales del día 26. Lo habitual es que un proceso de este tipo se prolongue durante seis meses, pero debido a la cantidad de personas que han de declarar el proceso oral se podría alargar hasta los 18 meses. Los tres acusados se enfrentan a posibles penas que van desde multas a tres años de cárcel, según el Código Penal.

En un auto emitido el miércoles de la pasada semana Yolanda Varona, jueza interina del tribunal gasteiztarra, itió la denuncia de la Fiscalía y acordó incoar diligencias previas. Varona cita a declarar a Valero, jefe de servicio de Anestesiología de la OSI Araba, Vega, jefa de servicio de Angiología, y Cabriada, responsable de Aparato Digestivo en Galdakao. En los tres supuestos la Fiscalía detectó indicios de filtración y de poder reconocer el autor de los supuestos amaños.

En el caso de César Augusto Valero, la fiscal superior de Euskadi, Carmen Adán, señaló en su escrito que «puso casos que a veces rebota a sus compañeros». En el primer examen «los opositores que tienen como resultado 92 y 84 (siendo la media 40 y 50) son del mismo hospital, el Hospital Universitario Álava», se lee en el informe. Los compañeros de tribunal del acusado declararon que estos resultados eran «muy llamativos» y amenzaron con «disolver» el tribunal. En el caso de la OPE de Angiología y Cirugía Vascular se presentaron 31 opositores. Solo aprobaron cinco, -con «resultados insólitos», según la Fiscalía- siendo cuatro de ellos del Hospital de Basurto, centro del que María Reyes Vega es jefa de servicio. Por último, en la especialidad de Aparato Digestivo, la redacción del examen se encargó a José Luis Cabriada, responsable de la especialidad en Galdakao. «Entre las primeras notas por mejor resultado corresponden a cuatro opositores del centro del mencionado y la que tiene la primera, trabaja en un centro privado de 14 personas con aquel», señala Adán.

Además de estos tres jefes de servicio, la Fiscalía también apuntó en su escrito a la dirección de Osakidetza por ser la que «designaba a las personas que elaboraban los exámenes». Por ello, además de perdir el testimonio de los imputados, solicita que declaren en calidad de testigos otras trece personas. Entre ellas Juan Carlos Soto, director de Recursos Humanos durante la celebración de la OPE, su segundo Xabier Balerdi y Andoni Arcelay, director de Asistencia Sanitaria. En este caso Adán dejó claro que las «diligencias que se practiquen con anterioridad» en este caso «determinen la calidad en que han de ser citados». Es decir, recomienda tomarles declaración al final del proceso, de manera que las diligencias previas determinen en calidad de qué han de ser citados. También declarará María Jesús Múgica, ex número uno de Osakidetza.

Además, la fiscal jefe del País Vasco, apunta que hay otras ocho especialidades médicas en las que «se dan indicios del hecho delictivo que justifican la práctica de diligencias para acreditar el mismo y/o para individualizar personas concretas que hayan tenido el dominio de la acción dentro de los tribunales de la oposición». Es decir, el Juzgado de Instrucción número 2 de Vitoria deberá confirmar tal aseveración en Cardiología, Traumatología, Cirugía Plástica, Urología, Medicina Intensiva, Urgencias, Microbiología y Cardiovascular. El caso se investigará en Gasteiz al ser la ciudad en la que se realizaron los exámenes de especialidades médicas y la sede de Osakidetza. El informe de la Fiscalía y el traslado de su escrito al juzgado, ha supuesto que sindicatos y oposición hayan pedido la dimisión del consejero de Salud, Jon Darpón.