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C.P.S
Lunes, 26 de mayo 2025, 14:19
La Guardia Civil ha desmantelado una organización criminal dedicada a la introducción ilegal de ganado ovino y caprino en la cadena alimentaria. En total, cinco personas han sido detenidas y otras 12 se encuentran investigadas por varios delitos contra la salud pública, maltrato animal, falsedad documental, pertenencia a grupo criminal y blanqueo de capitales, aunque todavía se prevén nuevas personas investigadas por estos hechos.
Los agentes de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) -en lo que han denominado operación Pox- han realizado siete entradas y registros, cuatro de ellas en domicilios y tres en explotaciones ganaderas y mataderos. Asimismo, se han inspeccionado nueve restaurantes, cuatro de ellos han sido cerrados cautelarmente, y una explotación ganadera clandestina.
Las provincias de Madrid, Toledo y Ávila han sido los lugares donde los gentes de la benemérita han intervenido hasta 10.000 euros en efectivo, numerosa documentación, crotales, dispositivos electrónicos, instrumental utilizado para el sacrificio de animales y medicamentos veterinarios. La guardia civil ha informado que más de 350 animales han tenido que ser sacrificados al encontrarse en condiciones severas de inanición o con enfermedades y malformaciones irreversibles.
De acuerdo con la Guardia Civil, el principal investigado en esta trama gestionaba una explotación ganadera situada en la provincia de Toledo que operaba de forma clandestina, al no estar registrada en el Registro General de Explotaciones Ganaderas (REGA). Esta situación, por lo tanto, hacía ilegal cualquier entrada o salida de animales desde dicha instalación.
Junto con otro de los implicados en la investigación, realizaban transportes irregulares de ganado ovino y caprino, recogiendo animales tanto de explotaciones legales como ilegales, y trasladándolos hasta la explotación clandestina. Para tratar de ocultar esta actividad ilícita, utilizaban documentación falsificada con el fin de simular que los traslados eran legales.
La Guardia Civil relata que una parte de los animales era enviada directamente a un matadero autorizado de la provincia de Ávila, en el que se mezclaba la actividad legal con la ilegal. Otra parte se trasladaba hasta otra explotación ganadera en San Fernando de Henares (Madrid), que funcionaba como el matadero clandestino principal del entramado. En este lugar, los animales eran sacrificados sin autorización, en condiciones higiénico-sanitarias muy deficientes y sin respetar la normativa de bienestar animal.
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