«No olvidamos, no fue un accidente»

Centenares de personas se han manifestado este domingo frente al vertedero de Zaldibar en el segundo aniversario del trágico derrumbe en el que murieron Alberto Sololuze y Joaquín Beltrán para denunciar que lo ocurrido hace dos años «no fue un accidente. Ha quedado más que claro que fue un desastre que se podía haber evitado». Además de homenajear a los dos trabajadores fallecidos, han exigido responsabilidades tanto a los gestores de la escombrera como al Gobierno Vasco, cuya gestión criticaron duramente.

Pasadas las 12.00 horas una marcha ha partido desde la plaza Cardenal Orbe de Ermua hasta el barrio Eitzaga, en las inmediaciones del vertedero, para recordar a las dos víctimas que hace dos años murieron sepultadas por millones de toneladas de tierra y residuos y para reclamar que se depuren todas las «responsabilidades» por la catástrofe. Cientos de vecinos y de varios colectivos, como Zaldibar Argitu, Ekologistak Martxan, la asociación contra la incineradora y Gueñes Bizia, se han dado cita en el lugar para rendir tributo a Alberto y Joaquín. Nahia, hija de Sololuze, ha participado en la ofrenda flor que se ha realizado al final de la marcha, en uno de los momentos más emotivos de la jornada, donde los presentes han roto a aplaudir.

Carlos Alonso, abogado y portavoz de La Asociación Vecinal de San Lorenzo (Ermua), ha ejercido de portavoz para pedir explicaciones por lo ocurrido el 6 de febrero de 2020, cuando los dos operarios quedaron atrapados y perdieron la vida. «Recordamos a las dos personas que murieron sepultadas por la avalancha de basuras y escombros, pero también exigimos responsabilidades. No olvidamos pero miramos al futuro», ha advertido. Según ha denunciado, existen responsables de la tragedia, «no solo, aunque sean los primeros y principales, los gestores del vertedero, Verter Recycling», sino también «quienes debían haber supervisado y controlado» el funcionamiento de la instalación y «no lo hicieron». Así, ha apuntado a «otras empresas, ingenierías y consultoras» que «colaboraban en la vigilancia del vertedero que debieron ver y no vieron cómo este vertedero estaba anunciando su derrumbe».

La denuncia también ha estado dirigida hacia el Gobierno Vasco, «que desde 2013 se ha limitado a dar autorizaciones sucesivas ampliando la capacidad y el tipo de residuos que se podían enterrar en Zaldibar» y que, a juicio de Alonso, «no ha ejercido las potestades de vigilancia y control a las que estaba obligado».

Allí, portavoces de la plataforma Zaldibar Argitu han recordado que lo ocurrido allí hace dos años «no fue un accidente. Fue un desastre que se podía haber evitado». Y así lo concluyó un informe realizado por la Inspección de Trabajo de Bizkaia, en el que se señalaba que los responsables de Verter conocían desde días antes el «riesgo inminente» de derrumbe que existía y que a pesar de ello decidieron mantener la actividad, poniendo así en riesgo la vida de todos los trabajadores.

Asimismo, la plataforma denuncia que «estos dos últimos años ha quedado claro el oscuro modelo de gestión de nuestros responsables políticos. Faltas de control, silencios cómplices, falta de responsabilidades, mucha oscuridad y poca luz».

Al final de la movilización una portavoz vecinal, Idoia Marín, ha presentado la escultura elaborada por el vecino Iñaki Urizar y que iba a ser colocada en las inmediaciones del vertedero, pero cuya instalación no ha recibido el permiso municipal pertinente.

En la marcha han participado representantes políticos de EH Bildu y Podemos Euskadi, cuya portavoz parlamentaria, Miren Gorrotxategi, se congratuló por la decisión del Parlamento Europeo de seguir investigando la tragedia. Por su parte, el presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz, ha afirmado a través de un vídeo en sus redes sociales que en el vertedero de Zaldibar «quedó enterrada la buena gestión del PNV», exigiendo que se siga investigando lo ocurrido para «saber la verdad». Esta misma semana el Gobierno Vasco ha comunicado a la empresa encargada del vertedero, Verter Recycling, la clausura definitiva del mismo y le ha exigido los 28,7 millones de euros de la factura por los trabajos de búsqueda de los dos trabajadores fallecidos

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