La 'grandeur' pasa por encima del euskera

Las personas que este sábado participaron en la manifestación celebrada en Baiona en defensa del euskera tenían en común el hecho de que en mes y medio han pasado de la esperanza al desencanto. El pasado 8 de abril, la comunidad euskaltzale de Iparralde vio culminados los esfuerzos de años de lucha con la aprobación de una ley que reconoce los cuatro idiomas minoritarios en Francia: euskera, bretón, occitano y corso. «Por primera vez los padres tendrán la oportunidad de optar de forma oficial por el modelo inmersivo en cualquier centro educativo y no solo en las ikastolas, y también se abre la posibilidad de que ese formato se amplíe a otras etapas educativas, no solo en Primaria, como hasta ahora», celebró el vicepresidente de Euskaltzaindia, Battittu Coyos.

La alegría duró poco. El Consejo Constitucional francés, un órgano cuyos son elegidos por el presidente de la República y cada una de las dos cámaras legislativas, dictaminó el pasado día 20 que la inmersión lingüística no tiene cabida en el sistema educativo galo. El sueño de una expansión del euskera por los colegios en Iparralde se había esfumado. En su lugar ha quedado la incertidumbre, el miedo a que las ikastolas desaparezcan. De la luz se ha pasado a la penumbra.

A este hecho se le unió el pasado día 12 una sentencia en la que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) declaró nula una convocatoria de empleo de Policía Local del Ayuntamiento de Irun al entender que resulta «discriminatorio» exigir euskera para ser policía local y que basta que uno de los dos agentes de cada patrulla conozca el idioma para garantizar los derechos lingüísticos de la ciudadanía. Kontseilua lanzó entonces un llamamiento a para hacer frente a la «involución» que , en su opinión, reflejan las decisiones del Consejo Constitucional y el TSJPV. La manifestación de este sábado en Baiona puede ser un primer paso.

La Ley de Protección y Promoción del Patrimonio de las Lenguas Regionales fue aprobada por amplia mayoría en la Asamblea Nacional (247 votos favorables, 76 en contra y 19 abstenciones), tras un largo debate y con la opinión en contra del Gobierno francés y de los comunistas. Algunos diputados, sobre todo de Iparralde, de Occitania y de Bretaña, no respetaron la consigna de sus partidos y votaron a favor.

«Fue una esperanza doble porque no solo se había aprobado la ley sino porque la Asamblea mostró una visión sobre la realidad plurilingüe del Estado francés», explica Paul Bilbao, secretario general de Kontseilua. «Por el número de parlamentarios que votaron a favor del texto y por su diversidad ideológica, fue un golpe muy fuerte para Macron y el ministro francés de Educación», afirma.

La nueva ley exige que en los territorios concernidos por lenguas regionales todo alumno pueda recibir una enseñanza en las mismas. Además, abre la puerta a que los centros propongan la inmersión lingüística. Este es el principal punto de controversia, ya que el Gobierno consideraba que esa enmienda, añadida en la tramitación parlamentaria en el Senado, donde el partido de Macron no tiene mayoría, suponía una amenaza a la primacía del francés. El texto legal también regula la posibilidad de colocar es de señalización bilingües y la autorización a incluir en los nombres propios signos diacríticos, como la letra ñ, muy usados en bretón.

«Estábamos esperanzados porque se abría un nuevo ciclo. La ley no iba a suponer que todos los centros de enseñanza fueran de inmersión, pero abría la puerta a la posibilidad de que el sistema público ofreciera educación inmersiva», dice Bilbao.

Pero llegó el recurso ante el Consejo Constitucional y todo cambió. «En el Gobierno vieron que se les caía un bastión y dijeron que eso no se podía tolerar», afirma el secretario general de Kontseilua. «Lo presentaron de un día para otro 60 parlamentarios. Algunos no sabían ni que lo habían firmado, pero el Consejo no hizo caso a las reclamaciones», añade.

Los diputados interpusieron un recurso en contra del artículo 6 de la ley, que hace referencia a la financiación de las escuelas privadas que enseñan lenguas minoritarias. En su resolución, el Consejo determinó que este artículo es constitucional pero, sorpresivamente, actuó de oficio y analizó el texto legal en su conjunto para llegar a la conclusión de que dos artículos, el 4 y el 9, eran inconstitucionales.

En su dictamen, el Consejo señaló que la inmersión lingüística en la escuela pública relega el idioma francés a un segundo plano y, en consecuencia, no tiene cabida en una Constitución que ya en su segundo artículo establece que «la lengua de la República es el francés». Además, tampoco le parece constitucional el artículo que prevé la posibilidad de utilizar en documentos oficiales signos diacríticos propios de algunas de las lenguas minoritarias. «Los particulares no pueden valerse, en sus relaciones con las istraciones y los servicios públicos, del uso de otra lengua que no sea el francés», señaló el Consejo.

«El contenido del dictamen es una aberración. Eso de que el francés es la lengua de la República se ha convertido en una justificación para todo. No sé cuál será el siguiente paso. ¿Van a prohibir el uso de las lenguas propias del Estado francés en cualquier ámbito?», se pregunta Paul Bilbao.

A juicio del presidente de Ikastolen Elkartea, Koldo Tellitu, la decisión del Consejo pone de relieve que «hay una involución» que puede poner en peligro el futuro de las ikastolas de Iparralde. «Podría tener efecto en los contratos que Seaska suscribe con el Estado francés para recibir una subvención, que es lo que aquí entendemos como conciertos. Esto podría provocar que Francia decidiese dejar de concertar los centros que están en el ámbito de la inmersión lingüística. No sé si esto provocaría el cierre pero la situación sería muy complicada», dice.

Pese a estas palabras, Tellitu no es del todo pesimista ante el rumbo que pueden tomar los acontecimientos. «Como toda resolución judicial, para tener efecto necesita ser ejecutada y el Estado francés podría decidir no hacerlo», señala. El responsable de las ikastolas recuerda que «los políticos que se han posicionado en favor de la ley tienen peso en Francia», donde la respuesta en contra de la decisión del Consejo Constitucional «está siendo muy fuerte. Además, recuerda, «en breve va a haber elecciones departamentales en Francia y no sé si Macrón quiere meterse en un lío».

Una posible salida al embrollo sería reformar el artículo 2 de la Constitución , que «no parece una idea tan descabellada», asegura Tellitu. Pero se necesita presión social, de ahí «la importancia de las movilizaciones», añade. Mientras tanto, las ikastolas de Iparralde deberán aprender a vivir bajo «la espada de Damocles» de la desaparición de los contratos con el Estado. «De un gran optimismo hemos pasado a una situación de incertidumbre», afirma Tellitu.