El impacto de la RGI: 61.000 personas caerían en la pobreza extrema sin el sistema social

Los datos responden ante el debate político y social que despierta el diseño de una nueva ayuda contra la pobreza, como también ocurrió en Euskadi hace treinta años en la génesis del sistema, una inédita apuesta política que cuajó hasta el punto de convertirse en el sistema más destacable de rentas sociales de España, y a la par de otros modelos más avanzados en Europa.

A diferencia del camino interrumpido que adoptaron las políticas de rentas mínimas en el Estado, y que ahora fructificará en un ingreso mínimo vital, en Euskadi el sistema de protección social sí ha logrado consolidarse, con cambios y reformas entre medias, pero sin desvirtuar su espíritu original como última red de seguridad para los más vulnerables. Bajo el amplio paraguas de la RGI se esconden muchos rostros diferentes de la pobreza, desde el colectivo de pensionistas con bajos ingresos, al de los extranjeros que tengan tres años de empadronamiento (no necesariamente permiso de residencia, a diferencia de lo que sí pedirá el ingreso mínimo vital) o a trabajadores pobres, que completan sus sueldos bajos con la renta social. Durante la crisis económica, se convirtió en el mayor apoyo para todos aquellos que se quedaron en desempleo, lo que llevó la demanda a cifras récord y también a un gasto que rozó los 500 millones de euros al año.

El sistema se ha visto presionado desde varios frentes, el económico y también el político –con recortes aprobados para endurecer el empadronamiento y rebajar un 7% las cuantías–. La crisis dejó a la vez al descubierto las debilidades del modelo, especialmente en la escasa protección a las familias pobres con hijos. El sistema actual tiene fijado un tope de cuantía, por lo que salen perdiendo los hogares con hijos, frente a una mayor protección de personas solas pobres. «No es completamente equitativo», expone el informe de Iseak. La reforma de la ley que ha quedado pendiente esta legislatura hincaba el diente precisamente a este problema, pero sin acuerdo político, vuelve a ser asignatura pendiente para el gobierno que salga de las urnas. También se apostó por eliminar el límite de los llamados estímulos al empleo (el cobro de la prestación como complemento a un sueldo bajo), o flexibilizar también el actual sistema de suspensiones y salidas del sistema, entre otros puntos.

La entrada en vigor del ingreso mínimo vital abre el melón de la reforma y descubre un escenario de incógnitas. Pero lo que se da por descontado es que la convivencia de los dos sistemas de ayudas generará «problemas de gestión». Euskadi ya ha pedido tramitar la ayuda estatal desde Lanbide –el perceptor solo debería acudir a un lugar a tramitar las dos ayudas–, pero aún así, apuntan las voces consultadas, el camino pondrá contra las cuerdas la capacidad istrativa. Ahora mismo la RGI ya completa una prestación estatal (la prestación no contributiva), pero se trata de perceptores sin ingresos laborales y situaciones estables, que no generan cambios en las cuantías de la prestación a recibir ni salen del sistema porque dejan de cumplir con los requisitos. La gestión de la RGI sí genera un elevado volumen de cambios –un perceptor que empieza a trabajar, o que tiene un hijo, o que recibe un ingreso...–, con una casuística «inabarcable» a las que se sumaría otro sistema con sus respectivos requisitos. El mínimo cambio en uno repercutiría en el otro. Y ahí es donde también se pondrá a prueba al sistema y su capacidad de formular un modelo integrado, precisamente en un momento en que se pide una gestión más ágil, y por lo tanto más efectiva.