La renta mínima de Sánchez permitirá a Euskadi destinar más recursos a reactivar el empleo

Ese ingreso mínimo vital, que se pondrá en marcha el próximo 1 de junio, se complementará con las rentas autonómicas que ya existen, en el caso de Euskadi la Renta de Garantía de Ingresos, que fue pionera en todo el Estado y que de hecho ha servido de referencia a la hora de establecer este nueva cobertura.

Una coexistencia que complicará las gestiones de las autoridades autonómicas –Lanbide aspira a hacerlo junto con la RGI–, pero que al mismo tiempo les permitirá ahorrar recursos que destinan en estos momentos a sus sistemas de protección, ya que una parte los cubrirá la ayuda estatal. Como se puede ver en el gráfico adjunto, tal y como adelantó DV, la RGI es más generosa que la ayuda estatal en todos los casos, salvo en el de aquellas familias compuestas por dos dultos y tres hijos o más, donde se queda más corta. En concreto, abona 29,59 euros menos.

Preguntado ayer el Gobierno Vasco por el impacto que tendrá en Euskadi –en términos económicos– la renta mínima vital, tanto fuentes del Departamento de Empleo, al que pertenece Lanbide, como del de Hacienda, se mostraron prudentes y señalaron que no pueden ofrecer datos al respecto hasta que no se apruebe la medida y se conozcan todos los detalles.

El Ejecutivo Vasco destina en estos momentos 31 millones de euros mensuales a la RGI, a los que hay que sumar otros 7 millones de las ayudas relativas a vivienda. El año pasado el gasto total por ambos conceptos ascendió a 422,5 millones, lo que supuso 70 millones menos que en 2016, el ejercicio en el que se alcanzó el máximo.

En abril de este año –último dato disponible– había un total de 54.274 perceptores de la RGI. Si se suman sus familiares, el número de beneficiarios supera las 95.000 personas. Una cifra que irá en ascenso en los próximos meses teniendo en cuenta que las cifras de desempleo se van a incrementar de forma significativa, como ya adelantó el director de Lanbide, Borja Belandia.

En cualquier caso, y haciendo gala de esa misma prudencia, el Ejecutivo vasco tampoco da pistas de hacia dónde redirigirá esos recursos que se ahorrará en la RGI. Las necesidades son muchas en esta nueva coyuntura, aunque uno de los firmes candidatos puede ser el propio Lanbide, que tendrá que aumentar las partidas destinadas a fomentar la empleabilidad de quienes se queden en el paro, algunos de ellos sin cobertura. De hecho, el propio Belandia, ya adelantó que habrá que replantearse el funcionamiento de Lanbide para afrontar la nueva realidad, sus herramientas y procedimientos. Explicó que el Servicio Vasco de Empleo tendrá que seguir haciendo «esfuerzos» en el ámbito de las prestaciones sociales, así como en los sistemas de orientación y en los canales para la contratación de personas en paro.

Pero volviendo a la renta mínima vital, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, indicó ayer que este ingreso se cobrará mensualmente y será el mínimo común en todo el país, ya que podrá ser mejorado con otras rentas autonómicas.

Escrivá también adelantó que comenzará abonándose a unos 100.000 hogares a los que se les reconocerá de oficio. El resto de potenciales beneficiarios deberán solicitarla por los diferentes canales que se habilitarán. En principio será la Seguridad Social, pero también se podrá hacer a través de los ayuntamientos, tercer sector o comunidades autónomas. Se otorgará teniendo en cuenta la renta familiar, calculada en función del patrimonio neto, nenos la deuda y excluída la vivienda habitual, aunque sí se tendrá en cuenta el valor del piso y de si se tienen deudas o no.

Aunque se podrá solicitar a partir del 1 de junio se abonará a partir del 30 de forma retroactiva. El borrador del Gobierno da hasta tres meses para reconocer el derecho a la ayuda. Si no hay respuesta tras esos 90 días –silencio istrativo– se considera denegada.

La parte que reciba Euskadi de la renta mínima vital tendrá que añadirla luego –en la parte proporcional que le corresponda– a lo que abona al Estado a través del Cupo, ya que se trata de una competencia no asumida. Para ello se tendrá en cuenta el año base, que se actualizará en 2021, y se tendrá que negociar en la comixión mixta del Concierto Económico. Aunque hay prevista una reunión antes de julio. en la misma se abordará una nueva senda de estabilidad presupuestaria y el reparto del fondo de 16.000 millones, por lo que en principio el Departamento de Hacienda descarta que se hable sobre esta ayuda.