El traspaso de la Seguridad Social integraría en el Gobierno Vasco a 1.598 funcionarios del Estado

Un melón que ambos gabinetes -sobre todo el de Iñigo Urkullu- se han apresurado, primero, a poner en valor el que por fin esté abierto (a nadie se le olvida que estamos a las puertas de unas elecciones autonómicas) y, a continuación, a guardarlo rápidamente en el frigorífico -argumentando lo complicado y espinoso del asunto- para que se conserve intacto y que el innegable hito que supone su aparición en el debate político en términos de autogobierno no termine complicando otras negociaciones, del mismo tenor, aún por desarrollar entre los mismos protagonistas.

Y es que hablamos de 'La Transferencia'. Del culmen del desarrollo del Estatuto de Gernika. Solo la observación de cómo ha sido recibida la simple inclusión del asunto en el cronograma oficial de negociaciones por algunos sectores políticos y hasta técnicos (la derecha se ha llevado las manos a la cabeza) da una ligera idea de lo polémico que puede llegar a ser su manejo. Pero, ¿de qué hablamos?

Siempre en base a lo que señalan tanto la Constitución Española como el propio Estatuto de Autonomía del País Vasco, el objeto del futuro debate sería la gestión del régimen económico de la Seguridad Social en Euskadi. No el traspaso desde el Estado o la asunción por parte de la istración vasca de la propia institución de la Seguridad Social y de la capacidad normativa y decisoria sobre la misma, tal y como se ha encargado de resaltar el propio lehendakari, Iñigo Urkullu. «La misma caja pero distinto cajero», se ha explicado.

Todo sin romper con el llamado principio de caja única, que se presenta como una auténtica 'línea roja' en las negociaciones. Un límite dibujado, no hay que olvidarlo, por el Tribunal Constitucional y, cabe también recordar, por el hecho de que la cuenta sale a 'perder', pues el déficit de la Seguridad Social en Euskadi ronda cada año los 4.000 millones de euros.

Esto es, siempre «dentro del carácter unitario y del respeto al principio de solidaridad, mediante la subrogación de las instituciones autonómicas en la posición que ocupa la Tesorería General de la Seguridad Social», tal y como señala la Disposición Transitoria Quinta del Estatuto de Gernika.

Dicho en plata, hablamos de que sea Euskadi la que ingrese, gestione y pague las prestaciones (por ejemplo, las jubilaciones), mientras se hace cargo también de trámites como las altas o las bajas de las empresas en el sistema, o de la potestad inspectora o sancionadora.

«Nada cambiará, solo el menbrete, que será del Gobierno Vasco», aclara Iñaki Tapia, expresidente del Colegio de Graduados Sociales de Gipuzkoa, que resalta que «técnicamente, es un asunto muy, muy complejo».

La asunción por parte de Euskadi de esa gestión del régimen económico de la Seguridad Social en el ámbito de la comunidad autónoma llevará irremediablemente aparejada la incorporación del personal que hoy trabaja como empleado público (funcionario o laboral) en los distintos organismos desde los que se realizan esas tareas; véase el Instituto Nacional de la Seguridad Social, parte de la Tesorería o el Instituto Social de la Marina.

Según datos del Portal de Transparencia del Gobierno central, el traspaso afectaría en toda Euskadi a 1.598 empledos públicos, entre puestos ocupados y vacantes y sumando también a los funcionarios estatales los denominados contratados laborales. En el caso de Gipuzkoa, los involucrados serían 456 en total.

¿Y los edificios? Aunque nadie ha dicho nada por ahora, y a la vista de inmuebles tan 'jugosos' como el de Riberas de Loyola en Donostia, lo previsible es que pasen a la istración vasca en régimen de cesión de uso.

Sin embargo, en la revisión oficial de las transferencias pendientes que hizo el Ejecutivo Vasco en enero 2017, y que se remitió a la Moncloa, consta que su aspiración pasa por asumir «la titularidad, gestión y istración de los bienes y derechos sitos en el País Vasco patrimonio de la Seguridad Social». Todo está aún por negociar.