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«Hemos llegado hasta aquí por méritos propios, porque lo que se ha hecho hasta ahora no ha servido para moderar un mercado, en sí ... mismo, inflacionista. El mercado inmobiliario ha demostrado que no tiene ninguna capacidad de autorregulación y las medidas adoptadas, la mayoría pensadas desde la perspectiva de la protección del inquilino, no han servido para solucionar el problema del alquiler». José Luis Polo, presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Gipuzkoa, anima a las instituciones a modificar su estrategia y reconocer que «con la oferta de vivienda pública en mínimos, no podemos permitirnos el lujo de tensar más la posición de los arrendadores».
- ¿Cómo se ha llegado a la situación actual en la que mientras miles de personas buscan un hogar hay propietarios que tienen miedo a alquilar sus pisos?
- ¡Buf! Responder a esto daría para varias tesis doctorales. Habría que retrotraerse a la época de la Transición y a la decisión de no poner el derecho a la vivienda al mismo nivel que la educación, la sanidad y las pensiones como pilares básicos del estado del bienestar, sino considerarla un bien de consumo que ha derivado en refugio del ahorro y objeto de inversión. Por centrarnos en la época más reciente, en la segunda parte de su pregunta está otra de las claves. La seguridad jurídica. Las dificultades para recuperar la vivienda en situaciones de incumplimiento de contrato provocan el retraimiento del propietario. A mayor riesgo, más renta; a mayor riesgo, no pongo mi vivienda en alquiler. Evidente. En este escenario hemos creado un marco normativo que está generando entre los arrendadores una sensación de demonización y de persecución.
- ¿Persecución?
- Quizá no sea la palabra más ajustada, pero todas las medidas se han ido adoptando desde la perspectiva de la protección de los derechos del inquilino. Eso está bien, claro, pero en esta cuestión hay dos partes y se ha desequilibrado la relación entre arrendador y arrendatario. Estamos enfrentando el derecho a una vivienda digna con el derecho a la seguridad y a la rentabilidad. No podemos hacer recaer sobre el arrendador el peso de garantizar un alojamiento a quien no puede afrontar su coste. Y debemos implicar a los arrendadores en soluciones a corto plazo.
- ¿Cómo?
- No existen soluciones mágicas, pero hay que aportar seguridad jurídica. Por ejemplo con la creación de juzgados especializados en arrendamientos. Un desahucio es un gran fracaso social. No deberíamos aceptar ninguno por vulnerabilidad. En ningún caso. Ahora bien, las istraciones públicas deberían proteger tanto el derecho del arrendatario a permanecer en la vivienda como la del arrendador a percibir la renta pactada por ella. Por lo tanto, lo segundo sería formalizar avales públicos para cubrir las garantías de cobro de los arrendatarios. En tercer lugar, es imprescindible modificar la política fiscal e introducir criterios de progresividad en el mercado de la vivienda, tanto para la compraventa como para el alquiler. Lo cuarto, incentivar a los propietarios para que bajen el precio de los alquileres.
- ¿Cómo se puede convencer a un propietario de que baje el alquiler?
- Nosotros ya hemos propuesto a la Diputación de Gipuzkoa hacerlo a través de la fiscalidad. Hasta ahora estamos ayudando a los inquilinos a pagar la renta mediante subvenciones. Planteamos que una rebaja efectiva de la renta, y documentada en contrato, se compense con un beneficio fiscal en la Declaración de la Renta. Si la renta de una vivienda son 900 euros al mes y el arrendador acepta una rebaja en contrato a 650 euros, esos 250 de diferencia se bonifican en el IRPF.
- Eso tiene un coste para Hacienda...
- Sin duda. Pero estamos donde estamos. En el ejemplo que he puesto, son los 250 o 300 euros que ya da el Gobierno Vasco de ayuda a miles de inquilinos y que, más allá del beneficio particular que le supone al beneficiario, no han contribuido a frenar la escalada de precios. ¿Cuánto dinero público se ha destinado a tratar de paliar el problema del alquiler sin éxito?
- ¿Y el que no acepte bajar los precios?
- Habría unos precios de referencia, coherentes con el mercado, pero no actuarían como topes, sino como indicativos. Defendemos la libertad de fijar las rentas. A quien sitúe su alquiler por debajo de ese baremo, se le compensa fiscalmente. A quien lo supere, se le elimina cualquier desgravación y se le aplicara un mayor gravamen. También proponemos que el rendimiento del alquiler se traslade a la base imponible general y se vea afectado por la progresividad fiscal.
- ¿Mantiene lo que dijo al aprobarse la Ley de Vivienda, que hace falta una Ley pero no ésta?
- Así es. Incide en los mismos errores. No reconoce a donde hemos llegado y cuál es el tablero de juego. En contra de lo que busca, ha generado un repentino alza de precios, ha provocado una reducción de la oferta y está tensionando el mercado más de lo que ya estaba.
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