Gobierno Vasco y víctimas se revuelven contra Barrionuevo por «justificar» a los GAL

Barrionuevo, en una entrevista a El País, asegura que fue él quien mandó que «se trajeran al jefe de la operación» -en alusión a Larretxea- por el secuestro el 5 de octubre de 1983 de Martín, que fue asesinado quince días más tarde por ETA. «No sabíamos dónde lo tenían pero sí quién era el jefe y lo llegaron a coger. ¡Pero era un tipo tan grande que no cabía en el maletero del coche!», relata Barrionuevo, que reconoce que Larretxea «se resistió» y ello provocó que «se desbaratase el asunto» porque «llegaron los gendarmes al ver a un tipo chillando que lo están metiendo en el maletero de un coche», por lo que procedieron a la detención de cuatro policías españoles y se frustró la operación.

El que fuera máximo responsable de las fuerzas de seguridad del Estado resta trascendencia a este episodio porque, dice, ya lo asumió en el Congreso «y no hubo ninguna repercusión...». Si aquello era 'guerra sucia' o no, lo tiene claro: «Eso es», declara sin titubeos Barrionuevo, que en 1998 fue condenado por el Tribunal Supremo a 10 años de prisión por secuestro y malversación de caudales públicos.

Barrionuevo, además, trata de echar por tierra la versión que dio el Supremo en 1998, que le condenó al ver acreditado que ordenó en 1983 el secuestro de Segundo Marey. El exministro, sin embargo, asegura que fue él quien ordenó la liberación del empresario vascofrancés. «Marey estuvo detenido nueve días por un grupo de la policía española que se equivocó, y cuando me entero yo digo que hay que soltarlo», asegura. Cuando se le pregunta si al ser consciente de que se estaba cometiendo un delito no debía haber tomado medidas, responde: «Los etarras decían que era una guerra. Yo no puedo actuar contra los que están disparando desde mi trinchera aunque hagan algún disparo equivocado. Así son las reglas».

Estas declaraciones provocaron una catarata de reacciones. Entre ellas, la del Gobierno Vasco. La consejera Beatriz Artolazabal lamentó las «incalificables declaraciones, o mejor dicho 'confesiones'» del exministro socialista «justificando el terrorismo de Estado». «Confío que reciban respuesta de todas las sensibilidades políticas que condenamos todos los terrorismos», pidió la consejera, que mostró toda su «empatía y solidaridad con las víctimas del terrorismo de Estado».

La Fundación Fernando Buesa consideró «profundamente ofensivo y doloroso para las víctimas de los GAL y para la sociedad» leer la entrevista. «Es absolutamente inaceptable e indigno defender la 'guerra sucia' contra ETA en un país democrático. Fue un error y un horror injustificables», escribió en Twitter.

María Jauregi, hija de Juan Mari Jauregi, asesinado por ETA en el año 2000, reconoció que se le había «revuelto el estómago». «La guerra sucia es injustificable», aseguró, e interpeló al Gobierno y al PSOE para que se pronuncien. Iñaki García Arrizabalaga, hijo de Juan Manuel García Cordero, secuestrado y asesinado en 1980 por los Comandos Autónomos Anticapitalistas, reconoció que las declaraciones le producen «una enorme tristeza e indignación». «Leer que el asesinato de un familiar tuyo estaba justificado es demoledor. Verdad, justicia, reparación y memoria para las víctimas de los GAL», clamó.

Rafaela Romero, diputada foral de Movilidad y miembro de la ejecutiva del PSE, aseguró que «un Estado de derecho no puede ser pasivo ante comportamientos públicos de humillación de las víctimas de la violencia y del terrorismo, cuya dignidad es un bien público a proteger por cualquier sociedad democrática».

Desde EH Bildu reaccionaron Arnaldo Otegi y Jon Iñarritu. «Si ordenó liberar a Marey es porque también ordenó intentar secuestrar a Larretxea y matar al resto en nombre de los GAL. Sinceridad ante todo», dijo el primero.