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No lo ha citado explícitamente, pero Iñaki Subijana no ha eludido la controversia entre las decisiones de los poderes públicos para combatir la pandemia ... y el marco jurídico que les da cobertura en un acto tan institucional y a la vez tan personal como su toma de posesión como nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Subijana ha iniciado su breve y conciso discurso subrayando el valor del sistema judicial en un contexto que está confrontando las libertades públicas con la preservación de la salud pública, con repercusión en las condiciones socioeconómicas en las que se desenvuelve la ciudadanía.
El magistrado donostiarra no ha mencionado la creciente controversia sobre el fin del estado de alarma previsto por el Gobierno de Sánchez a partir del 9 de mayo, con el desagrado, entre otros, del lehendakari Urkullu que seguía la ceremonia en el Palacio de Justicia de Bilbao. Pero sí ha pedido «al legislador» –los parlamentos y los gobiernos, en su capacidad de impulso legislativo- «concreción normativa» a la hora de definir «los supuestos» a los que hay que hacer frente en un trance excepcional como este y sus «efectos». Un requerimiento al que Subijana ha añadido a los tribunales, al pedir «claridad» en sus argumentaciones cuando les toque resolver pleitos, como ya ha ocurrido, en un escenario tan complejo.
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El nuevo máximo responsable del TSJPV accede a su cargo en un contexto condicionado por el embate del Covid-19, que puede hacerse aún más complicado en apenas 10 días una vez se levante la excepcionalidad constitucional que sostiene las restricciones vigentes más gravosas, como el toque de queda. Hay consenso entre los especialistas en que la legislación ordinaria y su desarrollo autonómico no constituyen una tejavana suficiente para cubrir las eventuales limitaciones en la movilidad y otras libertades públicas que pretendan mantener Ejecutivos como el vasco. Lo que dejará en manos del Tribunal Superior el grueso de las resoluciones en caso de conflicto. Subijana, que en el punto 1 de su intervención ha abogado por una justicia «eficaz» para responder a las demandas de este momento insólito, ha constatado que la gestión de la pandemia ha hecho pasar del «paradigma de la verticalidad» al de «la horizontalidad». Es decir, ha hecho preciso «deslindar» en cada momento puntual qué prima, si el derecho «más valioso» en cuestión o el valor «primordial» a preservar en ese instante. Y es ahí donde ha pedido «concreción» a los otros poderes del Estado para poder resolver los dilemas entre la salud y las libertades públicas con criterios de «ponderación y proporcionalidad».
El magistrado, que ha tenido como madrina a su predecesora al frente de la Audiencia de Gipuzkoa, Victoria Cinto, ha desgranado su programa de actuación en un acto sobrio, con contados invitados e introducido por el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes. Garbiñe Biurrun, quien ha ocupado de forma interina la presidencia del TSJPV ante el bloqueo en el CGPJ tras la jubilación hace diez meses de Juan Luis Ibarra –también presente en la toma de posesión de su sucesor- ha constatado la anomalía de esa provisionalidad y ha denunciado «las carencias» de medios de la istración judicial para garantizar en plenitud el servicio público durante la pandemia.
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