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Tal día como mañana, el 2 de junio de 2018 y con el país aún bajo la combustión política de ver triunfar la primera moción ... de censura de la democracia, Pedro Sánchez prometía su cargo ante el Rey tras haber desalojado a Mariano Rajoy de La Moncloa sobre la cabalgadura argumental de la sentencia condenatoria por la 'trama Gürtel'. Su mano derecha entonces en el PSOE, José Luis Ábalos, fue el encargado de desgranar en la tribuna del Congreso el implacable discurso de los socialistas contra las irregularidades florecidas en torno al PP. Siete años y tres mandatos después, el exministro Ábalos está imputado por el 'caso Koldo', la mujer de Sánchez sigue investigada por beneficiarse supuestamente de su posición para hacer carrera, su hermano se encamina ya al banquillo también por tráfico de influencias y el actual fiscal general del Estado es el primero en la historia en verse ante el Supremo por la posible revelación ilícita de información reservada del novio de una rival política del PSOE, Isabel Díaz Ayuso.
Este es el contexto conocido en el que el Gobierno afrontaba la empañada celebración de esos siete años de poder, que certifican la resistencia del presidente con las mayoría más frágiles para comandar el país desde la Transición. El Ejecutivo podía haber recobrado aire, incluso, ante el procesamiento judicial del compañero de Ayuso, Alberto González Amador, por una acusación tan delicada como la de fraude tributario. Los socialistas llevan meses denunciando que esa imputación es, en realidad, la luna –lo importante–, mientras el dedo apuntaba al fiscal general.
Pero para ese momento, la semana ya resultaba irremediablemente 'horribilis' para Sánchez y los suyos, tras destaparse las reuniones de la militante y ex alto cargo en Correos Leire Díez en las que ofrecía posibles ventajas procesales a empresarios imputados a cambio de recopilar trapos sucios contra la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil; la UCO que investiga en todas las causas que salpican al presidente y al PSOE. La tardanza de tres días en reaccionar de Ferraz, limitándose a abrir expediente informativo a Díez, ha encendido las alarmas internas en un cuerpo partidario que apenas se remueve bajo el mando de Sánchez.
Este domingo, con Alberto Núñez Feijóo de mitin de cierre de filas con Ayuso en Madrid, el Gobierno se abrazó a la táctica reactiva que pasa por poner en marcha el ventilador y tratar de devolver la acusación de prácticas «mafiosas» en la que se viene solazando al PP por la vía de atribuírselas al partido de Feijóo y, singularmente, a Ayuso, la 'bestia negra' del socialismo. «Oposición de cloaca» y «derecha cloaquera», según definición de uno de los hombres fuertes de Sánchez, el ministro Óscar López. El titular para la Transformación Digital, que hizo un canto a los logros en materia económica y de «avance en los derechos sociales» desde que Sánchez llegara al poder, echó mano de 'Gürtel' y de 'Kitchen' para cargar contra el PP y acusarlo de alentar «una UCO patriótica» financiada, esta vez, «con los medios» de la Comunidad de Madrid.
El ministro responsabilizó a los populares de haber dado cobertura a las irregularidades cuando estaban al frente del Estado y de hacerlo ahora, desde la oposición, utilizando los recursos de Ayuso. «Un 'kitchen 2' de pacotilla», enfatizó López, en alusión al espionaje al extesorero de Génova por el que el extitular de Interior Jorge Fernández Díaz se sentará en el banquillo bajo una petición fiscal de 15 años de prisión.
El ministro, a la sazón cabeza de cartel del PSOE para intentar desbancar a Ayuso, no solo no se desdijo de la teoría conspirativa sobre la existencia de una «UCO patriótica», pese a demostrarse que la información que atribuía al ex capitán Juan Vicente Bonilla –hoy a sueldo de la Comunidad de Madrid– haber fantaseado con poner una bomba lapa contra Sánchez era un bulo. López siguió dando por buemo que opera un «inframundo cloaquero» para derribar al Gobierno, volvió a exigir a Ayuso que despida a Bonilla y aseguró que la supuesta confabulación es «de cárcel». Una confabulación que también alentó Mónica García, la ministra de Sanidad de Más Madrid adscrita a Sumar. «Estamos hartos de montajes», apostilló el portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, antes de reivindicar la honorabilidad de su secretario de Organización, Santos Cerdán.
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