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-El fallo del tribunal que usted preside ha ordenado proteger parcialmente los cuarteles de Loiola. ¿Se ha desbaratado la mayor operación urbanística en marcha en Donostia, la construcción de 1.700 viviendas?
- El Ayuntamiento de Donostia tiene potestad de planificación urbanística y por tanto para definir su desarrollo, pero esa capacidad está sujeta a un control legal. Es una actividad discrecional reglada. El tribunal, con los elementos periciales aportados, básicamente el procedente de la Diputación, entendió que los cuarteles responden a esos criterios de protección fijados por el propio plan aprobado por el Ayuntamiento.
- ¿Y ahora qué?
- El Ayuntamiento ha anunciado que va a recurrir y la última palabra la tendrá el Tribunal Supremo.
- ¿Usted cree que queda margen aunque sea para el desarrollo parcial del plan?
- Hay que esperar a lo que diga el Supremo y después analizar el nivel de incidencia de esa decisión, si la hay, en el desarrollo urbanístico de la zona.
- ¿Se podría haber caído en un caso de prevaricación si no se hubiera tenido en cuenta el informe de la Diputación?
- Lo exigible es que el procedimiento istrativo y el judicial tengan el máximo nivel de información para que la decisión que se tome sea la correcta, pero no estamos en un supuesto de prevaricación.
- ¿Qué le pareció que Vox celebrara la sentencia señalando que «lo que ETA no logró demoler, tampoco lo harán Sánchez ni el PNV» ?
- No hago valoraciones de las declaraciones de partidos políticos.
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