«Todas las condiciones que favorecieron el surgimiento de ETA no han desaparecido»

Iñaki Subijana (Donostia, 1963) fue elegido hace poco más de un año presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), el primero en acceder al cargo sin la amenaza de ETA. En este sentido, reconoce que Euskadi se ha liberado del «yugo» del terrorismo, pero alerta de que el olvido de lo sucedido, los 'ongi etorris' o los discursos políticos que no reconocen que el daño causado fue injusto pueden crear las condiciones para que se reproduzca. En una larga y densa entrevista en el Palacio de Justicia de Bilbao, Subijana no elude ningún tema, desde la renovación del CGPJ o de la Fiscalía, hasta la Ley de Memoria Democrática.

– Usted es el primer presidente del TSJPV que accede al cargo sin el lastre de ETA. ¿Ve una Euskadi más pacificada?

– Sí, más liberada del yugo del terror y con una progresiva mejora del discurso democrático. Tanto el anuncio de cese de 2011 como la posterior disolución han posibilitado que se den pasos importantes. Dicho esto, nos enfrenamos a los retos propios del post terrorismo, es decir, la reflexión acerca de las condiciones que dieron lugar a la aparición y consolidación de ETA y crear las condiciones para que no se repita.

– Se ha conminado a una ertzaina de Mutriku a no participar en actos festivos de su pueblo y se agredió a un agente en Vitoria. ¿Estos hechos son un legado de aquellos tiempos?

– Cualquier sociedad que haya sido severamente victimizada no puede transitar desde el olvido, sino desde el reconocimiento de lo ocurrido. El cierre abrupto desde el olvido puede favorecer que se reproduzcan las condiciones que dieron lugar a un movimiento terrorista totalitario. Y ahí juegan un papel importante las políticas de memoria y de restauración.

– ¿Los casos de Mutriku y Vitoria se pueden tipificar como delitos de odio?

– Hay que diferenciar entre los discursos y los delitos de odio. El discurso se refiere a la estigmatización de colectivos por lo que representan, como la Ertzaintza, una situación no amparada por la libertad de expresión. Es un discurso reprobable e ilícito. Ahora bien, de ahí hay que segregar las conductas de odio, que son las que incitan a la violencia, castigadas en el código penal. En los casos de Mutriku y Vitoria estamos en la fase de análisis, sabiendo que ha habido un discurso de odio, pero corresponderá a la judicatura y a la Fiscalía decidir si se ha ido más allá.

– ¿Los 'ongi etorris' suponen una vuelta de tuerca al sufrimiento de las víctimas?

– Conlleva privarles de significado y, al mismo tiempo, trasladar una valoración positiva de las personas que produjeron esa victimización. Ha habido colectivos muy importantes que han visto su vida condicionada por el terrorismo. Además, los 'ongi etorris' presentan elementos simbólicos de reproducción porque trasladan a la sociedad un mensaje de reivindicación de la victimización.

— ¿Son una señal de que sigue existiendo una parte de la sociedad que siente nostalgia por aquellos dramáticos tiempos?

– Significa que tenemos que ser conscientes de que todas las condiciones que favorecieron la aparición y consolidación de ETA no han desaparecido. Quizá debemos hacer una pausa para analizar por qué.

– ¿Por qué?

– Porque sigue habiendo mucho discurso político que no otorga toda la significación a la victimización terrorista. Todavía no han hecho todo el recorrido que tienen que hacer.

– No obstante, en dirigentes de EH Bildu como Arnaldo Otegi, Arkaitz Rodríguez o Mertxe Aizpurua se constata un cambio de discurso, más cercano a las víctimas. ¿Qué deben decir explícitamente para dar por realizado ese recorrido al que alude?

– Reconocer que el daño generado fue injusto, que se favoreció y amparó esa causa-acción, y comprometerse a hacer todo lo que esté en su mano para reparar política y simbólicamente ese daño.

– ¿La democracia está ganando el relato acerca de lo sucedido?

– Se está construyendo la política pública de memoria desde la significación de la victimización terrorista.

– ¿Qué relato cree que será asumido por las generaciones más jóvenes, el de que aquí hubo una especie de 'guerra' o el de que una banda terrorista asesinó a quienes pensaban diferente?

– Quiero pensar que lo segundo, porque si al final se quedan con la idea de que hubo un enfrentamiento civil querrá decir que lo hemos hecho muy mal en términos pedagógicos y comunicativos para explicitar qué supuso ETA en la historia de Euskadi.

– ¿Qué le parece que familiares de las víctimas reclamen volver a juzgar a exjefes de ETA ?

– Están reclamando el derecho a la verdad, a conocer lo ocurrido y quiénes fueron los responsables o inductores.

– ¿Considera lógica la decisión del magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón de imputar a 'Antza', 'Anboto' y 'Kantauri' por el asesinato de Miguel Ángel Blanco y la posterior en sentido contrario del fiscal jefe de la Audiencia Nacional por considerar que los delitos habían prescrito?

– Esta diferencia de posturas tiene su base en el tema de la prescripción, que en nuestro sistema jurídico se ha valorado históricamente como el cierre del procedimiento, sin mayores matices. Ahora se ha abierto el debate sobre si se debe concebir como un cierre de la posibilidad de condenar e imponer pena, pero no de conocer lo ocurrido y a sus responsables. Quizá ahí esté la clave de las diferencias entre el juez instructor y la fiscalía.

– ¿Cómo se va a resolver?

– No se pueden condenar delitos prescritos, ahora bien, ¿por qué no va a tener el Estado la posibilidad de desvelar lo ocurrido? Esta situación se plantea porque en la Justicia la memoria ha adquirido un papel del que carecía hace treinta años. Estos cambios generan modulaciones distintas, de ahí que aparezcan diferencias lógicas y choques entre parámetros que surgen de momentos culturales distintos.

– ¿Qué opinión le merece el acercamiento de presos con largas condenas por atentados muy graves?

– Responde a la política de reinserción, reconocida en el artículo 25 de la Constitución. El cumplimiento de las penas en los lugares más cercanos a los entornos familiares del preso es consecuencia de este criterio. En su momento, con ETA en activo, el alejamiento tuvo toda la justificación del mundo para evitar que estuvieran influenciados por la organización. Ahora, tras la disolución, cambian las condiciones y desde ahí hay que entender los acercamientos.

– ¿Los ciudadanos lo entienden?

– Habrá de todo, desde los que defienden que el que la hace la paga y que cuantos más años y más lejos mejor, y los que piensan que debe haber un componente de mirada al futuro, desde el respeto a las víctimas.

– ¿Qué sentiría si se cruza en la calle con Atristain?

– Nada en especial. Me he cruzado en la calle con personas que políticamente han abanderado la exclusión de los jueces y he sentido indiferencia.

– ¿El arrepentimiento que muestran los presos es sincero o meramente istrativo, es decir, firman un documento estandarizado para acogerse a beneficios penitenciarios?

– Espero que los poderes públicos constaten que es un paso real, una forma de restaurar, aunque sea parcialmente el daño causado. Que sea un reconocimiento sincero de que lo que hicieron fue injusto.

– ¿Deberían contar lo que saben sobre atentados sin esclarecer?

– Los requisitos están recogidos en la Ley General Penitenciaria.

– ¿La Ley de Memoria Democrática cuestiona la Transición?

– Lo deseable es que sea una manifestación política de Estado y que cuente con el respaldo de las fuerzas mayoritarias, respondiendo a los parámetros de la justicia transicional. Los tiempos están definidos por la finalización de la dictadura y la aparición de la democracia. La Transición forma parte del espacio de creación de la democracia. Pudo estar presidida por elementos de olvido que en aquel momento eran necesarios. Ahora se están exigiendo espacios de memoria, no de olvido.

– ¿Lasa y Zabala u otras víctimas del GAL a tenor de esta ley podrían considerarse víctimas del franquismo?

– No. Estamos valorando la Transición, que fue un momento de construcción de las condiciones democráticas.

– Los ciudadanos tienen la percepción de que los órganos judiciales están condicionados por los partidos políticos. ¿Contribuye la situación de 'ime' del CGPJ a esta mala imagen?

– No facilita la imagen de imparcialidad e independencia, pero hay que hacer varias precisiones. El CGPJ no es un juzgado ni un tribunal, sino un órgano de Gobierno que nombra a los magistrados del Supremo o a los presidentes de las Audiencias y de los tribunales superiores de justicia. Por otra parte, hay que indicar que la responsabilidad no está en los partidos, estos no eligen a los vocales del Consejo, lo hacen el Congreso y el Senado. Por tanto, quienes no están cumpliendo el mandato de la renovación son las instituciones.

– Pero en el Congreso y el Senado las decisiones se adoptan por mayorías formadas por representantes de los partidos y en última instancia son ellos los que conforman la constitución del CGPJ...

– Sí, hay una relación, pero son dos planos diferentes, porque si fueran equiparables estaría en crisis el marco institucional. La presidenta del Congreso no ha convocado ningún pleno para debatir los nombramientos. Quizá lo institucional ha sido implosionado por lo partidista y parece que son lo mismo, pero no debería ser así.

– ¿En la renovación debería tener más peso la opinión de los jueces?

– La UE nos ha lanzado dos mensajes nítidos. El primero, que renovemos ya el Consejo. El segundo, que se modifique el sistema de nombramiento de los vocales para diferenciar los judiciales de los que no lo son, de manera que los primeros sean nombrados por los jueces y los segundos por el Parlamento.

– La elección de Delgado como fiscal general tras haber sido ministra de Justicia de Sánchez y su relevo por su mano derecha García Ortiz también han levantado críticas. ¿Está garantizada la independencia?

– El papel del Consejo es calibrar la idoneidad objetiva del candidato y esto supone analizar si cumple o no los requisitos que marca la Constitución y la ley orgánica que regula la Fiscalía.

– Si a todo esto unimos escándalos como el espionaje mediante Pegasus, las filtraciones de Villarejo o los casos de financiación ilegal de algunos partidos, ¿es legítima la sospecha de que algo no funciona bien en la estructura del Estado?

– Está claro que hay muchos elementos que hay que modificar, porque apuntan a la corrupción o a un desvío del ejercicio del poder, todo ello repudiable. Desde esa perspectiva, claro que los ciudadanos tienen que atisbar con precaución esos hechos y se pregunten qué está pasando.

– ¿Vivimos en una democracia de baja calidad, como afirman algunos?

– Vivimos en una democracia con niveles de calidad comparables a los existentes en los demás países europeos.

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