Las mujeres destinan el 73% del sueldo al alquiler, trece puntos más que los hombres

Que la vivienda, especialmente ahora en régimen de alquiler, se ha convertido en un privilegio en lugar de en un derecho para miles de guipuzcoanos es una realidad. Pero si además esos ciudadanos tienen nombre de mujer el a una de ellas en el mercado libre se torna en un objetivo casi imposible. Con las rentas en cotas máximas, 1.129 euros en el segundo semestre (209 euros más que un año antes), y con unas condiciones laborales desmejoradas tras la crisis, una mujer, sobre todo si es joven, que quiera vivir en solitario de alquiler deberá destinar de media tres cuartas partes de su sueldo (un 73%) a pagar la renta, trece puntos más que el coste que supondría para un hombre de su edad.

La brecha salarial tiene su reflejo directo en el de mujeres y hombres a la vivienda y, aunque según los datos del Gobierno Vasco el esfuerzo económico es muy exigente para la mayoría de la ciudadanía, pone el foco especialmente en las nuevas generaciones que acaban de incorporarse al mercado laboral y que buscan independizarse antes de que les salgan canas.

La realidad salarial que soportan de media las mujeres, con más trabajo parcial, menor remuneración y más inestabilidad, exigiría en el caso de las que tienen entre 18 y 34 años rentas de alquiler tres veces menores a las que se ofertan en este momento en Gipuzkoa. Pagar unos 362 euros sería lo recomendable para estas jóvenes, el 30% de su salario, pero la media de los alquileres no para de subir y ya acumula en lo que va de año un incremento en Euskadi en torno al 8% en el mercado libre, y del 5% también en el parque protegido. El único al que las mujeres se ven abocadas, según revelan los datos de Etxebide recogidos en el informe 'Vivienda y mujer 2017' del Observatorio Vasco de la Vivienda, donde el porcentaje de mujeres de 18 a 24 años solicitantes de vivienda alcanza ya el 66% del total en esa franja de edad, y del 25 a 29 años supera también ampliamente al de los hombres menores de 30.

«Resulta especialmente significativo el menor nivel de ingresos de las mujeres inscritas» en el servicio vasco de vivienda, constata el informe. Y aporta datos: más del 56% de las solicitantes -de todas las edades- no superan los 9.000 euros de ingresos, y las que declaran unos ingresos superiores a los 25.000 euros se sitúan «netamente» por debajo del 40% del total de demandantes. Una de las explicaciones de estos números está en el estado civil y las formas de convivencia que presentan las mujeres. Por ejemplo, ellas suman el 82% de las personas viudas demandantes de vivienda; y también ellas suponen el 60% de solicitantes de Etxebide entre las personas separadas o divorciadas.

Esa perfil económico y social ha elevado su presencia en el registro del servicio vasco de vivienda, y ha derivado como consecuencia en un mayor número de adjudicaciones, sobre todo a partir de 2015. Según los datos del informe, si cuando estalló la crisis -se cumplen ahora diez años- las mujeres que accedían a una vivienda protegida suponían el 43,7% del total de adjudicaciones, siete años más tarde ya superaban el 50%. Tanto en régimen de alquiler social, como tradicionalmente han solicitado en mayor medida, como en compra, donde ni siquiera los sueldos medios de las más jóvenes les permitirían acceder a un piso protegido. «Las mujeres asalariadas vascas de 18 a 34 años podrían financiar la compra de una vivienda de apenas 100.000 euros», si se ajustaran al esfuerzo estipulado como recomendable -el 30% del salario-. Un ideal en el caso del parque protegido, pero una auténtica utopía en el mercado libre, donde las que se aventuran a comprar un piso deben destinar casi el 60% del sueldo a pagar la hipoteca. Un esfuerzo económico diez puntos superior al que deben realizar los hombres de esa misma edad, y nueve puntos por encima del que deben hacer las mujeres del resto de España.

Otro de los indicadores de esa brecha 'residencial' es el volumen de prestaciones públicas para vivienda que perciben las mujeres vascas. Según los datos de Lanbide, el número de perceptoras de la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV), ayuda de 250 euros vinculada al cobro de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), ha disminuido en los últimos dos años. Buena señal. Pero no lo hace al mismo ritmo que entre los hombres, de manera que, a marzo de 2018, el peso relativo de las mujeres beneficiarias de los 250 euros de ayuda a la vivienda se situaba en el 52,1% del total de perceptores. El dato conecta directamente con el cobro de la RGI, ya que el 57% de los beneficiarios son féminas.

El próximo cambio en el sistema de ayudas, donde desaparece la PCV y se sustituye por la Prestación Económica de Vivienda (PEV) vinculada ya al derecho subjetivo de vivienda y no a la RGI, no debería alterar estos porcentajes. Ya que, según defienden desde el Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco -que en los próximos meses asumirá toda la gestión de esta prestación fijada igualmente en 250 euros- el tránsito de una a otra se está demorando para evitar que nadie que cumpla los requisitos se quede fuera. Además de esta ayuda, en 2019 el Gobierno Vasco activará el «plan de choque» Gaztelagun destinado a financiar hasta el 50% del alquiler al colectivo más joven que quiere emanciparse y económicamente no puede. Se trata de un empujón, dotado con más de 50 millones de euros, para desahogar durante tres años sus bolsillos, y facilitar que comiencen a ahorrar para, en caso de lograr una mejora en sus condiciones laborales -como correspondería-, puedan acceder por sí solos al mercado inmobiliario.