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manu álvarez
Martes, 24 de septiembre 2019, 12:43
El diputado general de Bizkia, Unai Rementeria, ha decidido mantener la normal fiscal aprobada el pasado mes de agosto, que establece una fiscalidad 'low ... cost' para las plusvalías de los gestores de fondos de capital riesgo –a los que se pretende atraer- y que, por añadidura, concede importantes ventajas fiscales en la fiscalidad del Athletic de Bilbao. El PNV de Bizkaia ha decidido no atender las peticiones de sus socios del Partido Socialista de Euskadi para que dejasen sin efecto esta reforma de la fiscalidad en el IRPF, lo que ha provocado ya una auténtica crisis de Gobierno. La secretaria general de los socialistas vascos, Idoia Mendia, no ha dudado hoy en calificar de «falta de honestidad» la actitud de Rementeria. La portavoz de la Diputación de Bizkaia, Elena Unzueta, ha anunciado que, pese a todo, se producirá una reunión de las ejecutivas de PNV y PSE «para aclarar la situación».
El Partido Socialista de Euskadi ya había anunciado que exigiría hoy la retirada del decreto en el transcurso de la reunión del consejo de Gobierno. El PSE, que había aprobado esta medida en verano en una reunión del gabinete vizcaino, argumentó sin embargo que se había tratado de un error y que sus diputados no habían podido evaluar el alcance real del cambio normativo. Y ello, matizaron, porque el artículo de la polémica «era un jeroglífico» que impedía tener una idea clara sobre el asunto, salvo que se fuese muy experto en materia fiscal. Además, los socialistas han argumentado que este cambio no figuraba en el pacto fiscal que alcanzaron con el PNV y el PP y propició cambios, sobre todo en el Impuesto de Sociedades, desde principios de 2018.
La secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, se ha referido a la «falta de honestidad» del diputado general, Unai Rementeria, y del responsable de la Hacienda foral, Jose María Iruarrizaga, por «llevar esos cambios en agosto, en medio de un texto muy críptico en un decreto de 60 páginas». En una entrevista radiofónica ha defendido el mantenimiento de la armonización fiscal en los tres territorios y ha recordado que existía un pacto con PNV y PP para los últimos cambios en fiscalidad, entre los que no se encontraba este tratamiento favorable a los gestores de fondos de capital riesgo o deportistas de élite.
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«Ha sido un incumplimiento del acuerdo. No nos han consultado al hacer esa reforma. Ha habido falta de honestidad por parte del responsable de Hacienda y del diputado general. El objetivo inicial de ese decreto era hacer una pequeña modificación del reglamento, no cambiar la norma foral», ha explicado.
Por último ha apuntado que «es algo asombroso andar con este tipo de juegos, porque en política es mejor dar la cara y decir las cosas claras», ya que, según ha dicho, «que yo sepa, la reforma fiscal fue un acuerdo entre dos partidos, y a nosotros no nos han preguntado, y creo que a los dirigentes del PNV tampoco, por lo que en la Diputación no se ha actuado con honradez, y hay que poner el foco en algunos responsables de la Diputación».
La Diputación de Bizkaia aprobó el cambio tributario en pleno verano y lo publicó en el Boletín Oficial de Bizkaia el 23 de agosto, una fecha que por sí misma ya ha levantado muchas suspicacias. El Ejecutivo foral ha defendido que el objetivo real de la medida era favorecer la llegada de gestores de fondos de inversión, en un momento en que el Brexit puede provocar muchas deslocalizaciones en la City londinense. Pero lo cierto es que además de esa expectativa vestida de campaña de marketing fiscal, el movimiento legal tenía un efecto inmediato. Las rentas irregulares superiores a 300.000 euros en Bizkaia salían claramente beneficiadas. En concreto, la mitad de los ingresos quedaba exenta de tributación, lo que situaba el tipo máximo del IRPF ligeramente por encima del 24%, frente al 49% que se aplica a las rentas convencionales más elevadas. Esta alfombra roja a los 'pelotazos' que pueden obtener los gestores de fondos de inversión –plusvalías millonarias en apenas cinco años- tampoco convence a los socialistas, que exigen la retirada completa de la normativa y no un apaño para limitar sus efectos.
No hay datos oficiales –Hacienda no los proporciona- sobre el número de contribuyentes que presentan cada año en Bizkaia una declaración del IRPF con las denominadas rentas irregulares, por encima de esos 300.000 euros. Ellos serían los primeros beneficiados por la medida. Algunas fuentes sin embargo, con una lógica aplastante, señalan sin embargo que el grueso de ese colectivo está copado por los jugadores del primer equipo del Athletic de Bilbao. Aunque el tema es objeto también de una cierta polémica, lo cierto es que desde 1995 la Hacienda de Bizkaia ite que esos salarios de deportistas de élite sean considerados rentas irregulares. El fisco vizcaíno entiende que debe ser así porque obtienen grandes ingresos en muy pocos años. Este criterio, sin embargo, no se aplica ni a directivos de empresas, ni a artistas, escritores ni a otras profesiones en las que puede reproducirse una casuística similar. Sí se utiliza, por ejemplo, para premios de permanencia en empresas –la tradicional paga al cumplir 20 años en la plantilla, por ejemplo-, aunque difícilmente supera el importe de 300.000 euros.
Un ejemplo puede permitir valorar el impacto de la reforma. Hasta el pasado mes de agosto, para que un jugador del club pudiese cobrar 4 millones de euros netos al año, el Athletic debía asumir un coste total de 7,4 millones. La diferencia, 3,4 millones, es lo que ingresaba Hacienda. Con la modificación legal y manteniendo esos 4 millones netos, el coste real se rebajaba hasta 5,3 millones porque Hacienda sólo le cobraría 1,3 millones anuales por el IRPF. La diferencia, en ingresos para el fisco vizcaíno y en gastos para el club entre una y otra situación, es enorme suponía 2,1 millones de euros anuales. Según algunas estimaciones no oficiales el cambio legislativo podía permitir un ahorro anual de 15 millones de euros para las arcas del club, cuyo coste anual de la plantilla deportiva se sitúa en torno a los 85 millones de euros.
El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, ha confiado este martes en que PNV y PSE encaucen las diferencias que mantienen en Bizkaia en torno al cambio aprobado por la Diputación Foral que gobiernan en coalición ambos partidos para bajar la carga fiscal de las rentas irregulares.Erkoreka no ha querido expresar la posición del Gobierno de Iñigo Urkullu sobre dicha medida «ya que es un asunto que compete a la Diputación de Bizkaia y a los partidos que conforman el gobierno foral», pero ha dicho que espera que a través del diálogo y el consenso entre las dos formaciones políticas se dé la respuesta que «mejor convenga». La reunión que han convocado, ha señalado, permite dar un voto de confianza para encauzar esas diferencias, ha resumido.
Por su parte el sindicato ELA ha hecho público un comunicado en el que que critica los cambios en el IRPF que ha introducido la Diputación de Bizkaia, al entender que insiste en la línea de Unai Rementeria de favorecer a los que más ganan. Así, consideran que no se debería conceder ventajas fiscales para la celebración de la Eurocopa, al tiempo que piden la retirada de una medida que permite rebajar la factura fiscal a los gestores de fondos. En relación al impacto que tiene la medida sobre los jugadores del Athletic, el sindicato considera que «es un despropósito que una entidad que cuenta con un presupuesto millonario, se ahorre 15 millones de euros y a la vez se recorten prestaciones que son necesarios para paliar las necesidades básicas de la gente».
EH Bildu ha considerado que el decreto foral aprobado por la Diputación para hacer este cambio «no es legal y afecta a la capacidad legislativa de las Juntas Generales».«Ese cambio que el gobierno ha realizado de manera unilateral afecta a la principal competencia de las Juntas Generales. Nos han hurtado la posibilidad de debatir y decidir. Han optado por hacerlos sin debatirlo ni acordarlo con nadie», ha subrayado la juntera de EH Bildu Arantza Urkaregi.
Por último, la portavoz del PP vasco en las Juntas Generales de Bizkaia, Amaya Fernández, también ha anunciado en una nota que presentará una Proposición de norma con carácter vinculante para derogar el decreto que sólo reduce los impuestos a rentas irregulares e iniciar «con carácter inmediato y con luz y taquígrafos una reforma fiscal global que se abra a beneficiar a emprendedores, autónomos, inversores y clases medias y trabajadoras». Fernández ha expuesto que «no es de recibo» que el Gobierno foral de PNV y PSE haya impulsado «de forma oscura y de espaldas a la oposición y a la sociedad vizcaína una rebaja de impuestos que sólo afecta a una minoría».
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