Los socios del Gobierno Vasco discrepan sobre la aplicación de la semana laboral de cuatro días

En este caso, las diferencias han surgido a raíz de la propuesta lanzada el jueves de la semana pasada por la vicelehendakari y consejera de Trabajo y Empleo, la socialista Idoia Mendia, acerca de la semana laboral de cuatro días, una medida que se ha situado en el centro del debate en Europa y que algunas empresas del Estado ya han implantado de forma experimental, entre ellas Telefónica, aunque con escaso éxito al conllevar una disminución del salario.

La iniciativa de la consejera fue cuestionada este lunes tanto por el lehendakari como por el consejero de Economía y Hacienda. En realidad, Mendia solo anunció que propondrá a la Mesa de Diálogo Social la creación de un grupo de trabajo sobre esta medida, pero ya desde este estadio previo se ha encontrado con el aviso de Iñigo Urkullu y de Pedro Azpiazu de que a día de hoy no ven con buenos ojos que esta medida fuera llevada a efecto.

La propuesta de Mendia, a falta de mayores precisiones, incluye que esta reducción de los días laborables se debería llevar a efecto «sin disminución de salario y sin incremento de horas, estudiando sus efectos en productividad y conciliación». Y es que aquí radica el 'quid' de la cuestión, en la productividad.

Urkullu se refirió a esta iniciativa a preguntas de los periodistas durante su visita al proyecto Ekiola de energía solar, en Araba. En este marco alertó de que la semana de cuatro días es un planteamiento «delicado de gestionar» y que por tanto deben analizarse otras experiencias internacionales para comprobar si es posible «mantener los salarios y la productividad con menos días de trabajo».

Urkullu lanzó un claro mensaje de tranquilidad dirigido al mundo empresarial, escamado con este anuncio, subrayando que desde el Ejecutivo autónomo no se trata de «imponer nada», sino de comprobar antes el resultado de este tipo de experiencias. Además, indicó que de llevarse a efecto sería una medida voluntaria y que debería contar con el acuerdo previo entre empresarios y trabajadores.

En términos casi calcados se refirió a la cuestión el consejero de Economía y Hacienda. En una entrevista radiofónica, Pedro Azpiazu señaló, no sin ironía, que «a todos nos gustaría trabajar menos e incluso cobrar más pero, ¿es posible? Lo será si el avance de la productividad lo permite». En caso contrario, alertó de que Euskadi podría enfrentarse a un grave problema de competitividad.

Azpiazu señaló que desconocía cuál ha sido la intención de Mendia al plantear la medida y, preguntado si se ha tratado de un anuncio electoralista, respondió que lo desconoce «aunque puede sonarlo». En todo caso, valoró positivamente que en otro orden de cuestiones el PNV y el PSE marchen al unísono, como en el acuerdo alcanzado para abordar la reforma fiscal. Otra cosa será que lleguen a consensuar el contenido de la misma.

Lo más probable es que estas diferencias iniciales no vayan a más. Tanto el PNV como el PSE tienen como objetivo prioritario la salvaguarda de la estabilidad en el Gobierno Vasco. Así quedó de manifiesto cuando surgió la polémica ante la iniciativa del Ejecutivo central de utilizar la antigua Residencia Arana, de propiedad estatal, como centro de refugiados. La medida fue contestada desde el Gobierno de Urkullu por considerar que las características del edificio no son acordes a un modelo individualizado e integrador. Finalmente, jeltzales y socialistas aprobaron en el Parlamento Vasco una enmienda en la que se limitan a apoyar el modelo vasco de acogida y el objetivo de «una integración cívica» de quienes huyen de sus países de origen.

Otro punto de disenso pudo haber sido la iniciativa también de Idoia Mendia de que el 8-M (Día Internacional de la Mujer) sea festivo en 2024. La solución de compromiso ha sido que haya una «efeméride feminista», pero sin concretar la fecha, a la espera de consensuarla con Emakunde y los agentes sociales.