Absueltos los exjefes de seguridad de Repsol y La Caixa por los contratos con Villarejo

La Audiencia Nacional desinfló este martes de forma importante la acusación de la Fiscalía Anticorrupción por una de las piezas separadas del 'caso Villarejo' más mediáticas: la investigación a altos cargos de Repsol y La Caixa por los contratos que pagaron a la empresa del comisario jubilado José Manuel Villarejo entre 2011 y 2012. Unos trabajos relativos a la obtención de información del expresidente de Sacyr Vallehermoso Luis Del Rivero, en su intento de asaltar el accionariado de la petrolera de la mano de la compañía mexicana Pemex.

El tribunal presidido por Teresa Palacio y con Fermín Echarri como ponente de la sentencia -el mismo que tuvo un conflicto con el acusado por unas grabaciones ocultas- condenó a ocho años de prisión a Villarejo por cuatro delitos de revelación de secretos (solo le computarán dos años por tratarse del mismo tipo penal) y seis años a su socio Rafael Redondo por la autoría del llamado 'proyecto Wine' contra Del Rivero. Unos hechos por los que fueron absueltos los exresponsables de Seguridad de las dos compañías, Rafael Araujo y Miguel Ángel Fernández Rancaño, respectivamente, y el que fuera directivo de Repsol Rafael Girona.

En concreto, la Sala solo valora para la condena el al tráfico de llamadas de los perjudicados. Sin embargo, descarta los delitos de cohecho pasivo y de falsedad en documento mercantil, en el caso de Villarejo y su socio, y también el de revelación de secretos para los absueltos.

Anticorrupción aseguró que en agosto de 2011 Sacyr, entonces presidida por Del Rivero, y la mexicana Pemex alcanzaron un acuerdo relativo al ejercicio de su derecho de voto de forma sindicada en la petrolera española. Esto permitía que sumando la participación de ambas llegarían a controlar casi un tercio del total. Para hacer frente a esto, sostenía la Fiscalía, «los más altos directivos de Repsol adoptaron diferentes medidas», y una fue recabar información sobre ese pacto.

La Fiscalía solicitó 40 años y medio de cárcel para Villarejo; 32 años y medio para Redondo; 21 años para Girona; 28 años para Araujo; y 21 años para Fernández Rancaño, pero el tribunal no opina lo mismo a lo largo de las 651 páginas de la sentencia. Afirma que el comisario actuó en una esfera «absolutamente privada» y que no usó medios públicos para sus trabajos parapoliciales.

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