El enviado a prisión por la agresión sexual a una menor en Ulia es el único investigado con medidas cautelares

La puesta en libertad sin medidas cautelares de tres de los presuntos implicados en la supuesta agresión sexual grupal que denunció la menor tutelada por la Diputación de Gipuzkoa no se traduce en que hayan perdido su condición de investigados, pero sí que deja entrever que la jueza no considera que su participación en los hechos sea susceptible de adoptar medidas punitivas contra ellos. La más grave sería la prisión provisional que sí decretó para uno de los detenidos, pero tampoco les ha impuesto la obligatoriedad de presentarse en los juzgados cada cierto tiempo, por ejemplo. En cualquier caso, siguen estando investigados porque no se ha sobreseído la causa contra ellos, resaltan las mismas fuentes.

El interrogatorio a los cuatro investigados se alargó durante varias horas la tarde del miércoles, hasta que a primera hora de la noche fuentes judiciales confirmaron a este periódico que la magistrada había decretado el ingreso en prisión de uno de los detenidos, el de nacionalidad española. Ante la petición de la Fiscalía y la constatación de la gravedad de los hechos investigados por la Ertzaintza, la jueza encargada de la instrucción del caso decidió decretar la prisión provisional. El otro detenido, por contra, quedó en libertad sin medidas cautelares, al igual que los otros dos investigados. Todos ellos rondan los 30 años.

Los hechos denunciados inicialmente como una presunta agresión sexual grupal tuvieron lugar la madrugada del lunes al martes en el aparcamiento donostiarra del monte Ulia, una zona solitaria en la que por las noches suelen estacionar las caravanas que no pueden hacerlo por las calles de la ciudad. Durante la jornada del martes varias patrullas de la Ertzaintza se personaron en el lugar de la presunta agresión en busca de pruebas y de indicios ante la gravedad de los hechos denunciados por la propia menor horas antes.

La jueza ha apreciado un grado mayor de gravedad en este caso que en otro que se produjo cerca de del mismo lugar el 21 de enero. Aquel día, un joven de 20 años fue arrestado por la Ertzaintza como autor de una agresión sexual a una mujer en los baños del albergue juvenil municipal de Ulia. En ese caso, el único detenido quedó en libertad tras ser puesto a disposición judicial.

El enclave solitario y apartado del aparcamiento de Ulia ha propiciado que en el pasado las inmediaciones del aparcamiento hayan sido ya el escenario de hechos similares a los denunciados en las últimas horas por esta menor tutelada por la Diputación Foral de Gipuzkoa.

La Diputación Foral de Gipuzkoa, responsable de la tutela de la menor, ha condenado «de manera rotunda» la agresión sexual sufrida por la joven y anunció que ya ha tomado «todas las medidas de actuación necesarias» para «garantizar la protección, el cuidado y el seguimiento integral» de la chica, «prioridad de la institución pública».

Asimismo, el Ejecutivo foral, que ha expresado públicamente «su total apoyo y solidaridad hacia la víctima y su entorno», hace un llamamiento «a la máxima prudencia, responsabilidad y respeto» por la gravedad de los hechos y solicita «respeto para que la Ertzaintza desarrolle su labor con rigor y responsabilidad». El Ayuntamiento de San Sebastián se sumó el miércoles a la condena de la Diputación.

San Sebastián sufrió el año pasado un incremento del 20,5% en delitos de agresión sexual respecto a 2023, un total de 141. Los casos más graves, los de violación, subieron un 4%.