El juez que investiga el apagón blinda la causa de las filtraciones

«Solo así se podrá impedir que el conocimiento del resultado de las diligencias a acordar pueda dar ocasión a interferencias o manipulaciones dirigidas a obstaculizar la investigación y frustrar sus objetivos, teniendo presente la posible existencia de información sensible que pudiera comprometer la seguridad de servicios esenciales», añade la resolución firmada por el titular del Juzgado Central de Instrucción número cuatro, que extiende 30 días el secreto de las actuaciones aunque podría extender la prórroga por el mismo periodo si lo pide el Ministerio Público.

Con esta decisión no solo protege la investigación de las filtraciones, también trata de contener la previsible personación de acusaciones populares en el procedimiento penal y su íntegro al sumario. Una situación que ya se está viendo en las causas abiertas que afectan al Gobierno desde la pandemia o al entorno del presidente Pedro Sánchez, en un contexto de creciente judicialización de la política nacional.

Fue este martes cuando el juez Calama acordó de oficio, aprovechando que está de guardia semana, abrir una investigación indicando que, si bien en este momento la causa de los hechos resulta desconocida, «el ciberterrorismo se encuentra entre unas de las posibles» opciones. Por tanto, resultaba necesaria, según el magistrado, la apertura de un procedimiento para descartar un posible sabotaje informático de la red eléctrica.

En este contexto, acordó como primeras diligencias requerir al citado CCN, a Red Eléctrica y a la Jefatura de Información de la Policía la elaboración de un informe individual «para que en un plazo improrrogable de 10 días» indiquen las causas que motivaron el colapso energético en el territorio peninsular.

El veterano magistrado con 36 años de experiencia explicó que el incidente ocurrió este lunes sobre las 12:30 horas y afectó a sistemas informáticos que soportan infraestructuras que proporcionan los servicios esenciales a la sociedad como salud, energía, industria o transporte, lo que ha supuesto «una situación crítica para el bienestar y sentimiento de seguridad de todos los ciudadanos».

El auto recogía la explicación facilitada por el Gobierno de que «se han perdido» de forma súbita durante cinco segundos 15 gigavatios de la energía que se estaba produciendo en ese momento, lo que equivale al 60 % de la luz que se estaba consumiendo, siendo «algo que no había ocurrido jamás».

Finalmente, explicó que los delitos informáticos pueden ser calificados como terrorismo cuando su finalidad sea desestabilizar gravemente el orden constitucional o el funcionamiento de los servicios esenciales. Y, en este caso, encajarían los hechos «en el caso de que su origen hubiera estado auspiciado en la forma y con alguna de las finalidades descritas en dicho tipo penal».