Euskadi plantea una fórmula de reparto de menores que tenga en cuenta el PIB y la presión en cada comunidad

De hecho, Euskadi y Canarias han exhibido ya en el Palacio de la Magdalena una alianza autonómica con la que pretenden presionar al Gobierno de Pedro Sánchez para mejorar la gestión migratoria. Y el objetivo de esta unidad de acción es claro: poner el foco en el reparto de menores extranjeros no acompañados para enmendar, según denuncian, el «desequilibrio» territorial existente.

Pradales y el presidente canario, Fernando Clavijo, perfilaron ayer una propuesta común durante la cita que ambos mantuvieron en Ajuria Enea. Un documento en el que ambos mandatarios han presentado ya a sus homólogos autonómicos en el encuentro en Santander, en el que destacan principalmente cinco indicadores a tener en cuenta para fomentar un reparto más «justo»: población, PIB per cápita, tasa de desempleo, media de acogidos por cien mil habitantes en los últimos seis meses y total de menores acogidos en los cinco años previos.

En resumen, esta es la petición que Euskadi y Canarias han puesto sobre la mesa en la Conferencia de Presidentes -que también aborda otras cuestiones como la financiación, la vivienda o la sanidad- para que se active «un mecanismo extraordinario» de distribución de menores extranjeros no acompañados y se dote de más recursos a los gobiernos autonómicos ante la «situación dramática» en la que se encuentra la red de acogida de Euskadi y Canarias.

En la comparecencia del lehendakari tras la Conferencia de Presidentes, Pradales ha explicado que el plan presentado junto a su homólogo canario «ha generado expectación y ha sido acogida de forma positiva, sobre todo por el Gobierno español, la Generalitat catalana y Aragón», pero ha lamentado que «no se ha avanzado más. No hemos llegado a más, pero al menos no ha registrado el rechazo como se han producido en otras cuestiones» presentadas en la reunión. El lehendakari ha defendido que «se ha abierto una vía» en ese tema y «debemos seguir profundizando ya que hay oportunidades».

Según datos ofrecidos por el Gobierno Vasco, Euskadi ha acogido en noviembre de 2024 a 890 menores de edad en centros de las tres diputaciones forales. Si se exceptúan Canarias, Ceuta y Melilla, el País Vasco es la Comunidad Autónoma que más personas menores de edad acoge en proporción a su población. De hecho, ya en julio pasado, en el seno de Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia que se celebró en Tenerife, el Ejecutivo de Pradales contrapuso la cifra de menas que acogía Euskadi -entonces, 723- con los 9 que estaban en la región limítrofe de La Rioja para evidenciar el desequilibrio.

De ahí que, ante la desproporción en el reparto de estos menores, Pradales y Clavijo hayan propuesto «un acuerdo de acogida estable, de calidad, corresponsable e incentivado por parte del Estado» y hayan exigido una «mayor dotación de recursos a quien hace un mayor esfuerzo». «Para ello -reclaman- será necesario garantizar un reparto equilibrado, coordinado, ordenado y justo entre las Comunidades Autónomas y una memoria económica que soporte dicho reparto».

En cuanto a los menores sin referentes familiares, Pradales también ha resaltado durante su intervención la necesidad de reforzar la cooperación con los países de origen, explorando las posibilidades del artículo 35 de la Ley de Extranjería para promover «tránsitos ordenados, mediante la migración circular». Además, también ha pedido que Euskadi en concreto tenga una interlocución directa con las autoridades españolas y sas «para implementar medidas de gestión de autorizaciones de paso de fronteras». Y ha planteado igualmente que la Fiscalía «agilice» la identificación de las personas sin referentes familiares para poder conocer si son o no menores de edad.

Por todo ello, Pradales y Clavijo -cuya propuesta debe someterse a votación- han defendido que es urgente que se aplique «la solidaridad y corresponsabilidad territorial» que vinculan al Gobierno de España y a los ejecutivos de las Comunidades Autónomas. De esta forma, plantean que cada territorio asuma una carga proporcional según la solidaridad y acogida desarrollada hasta ahora, su población, PIB per cápita y el desempleo que tenga.

Ya en líneas generales, respecto a las personas migrantes en edad adulta, ambos responsables han pedido al Gobierno central que Euskadi sea considerada 'Frontera Norte' teniendo en cuenta la gran presión migratoria que se produce cada vez que el Estado francés cierra la muga con España, y que debería acompañarse «de una mayor dotación económica para atender con dignidad a las personas en tránsito». De la misma manera que Canarias es considerada 'Frontera Sur', como territorio que más llegadas recibe junto con Ceuta y Melilla.

Ambos presidentes también piden una modificación de la actual Ley de Extranjería (artículo 35) que permita dotar a las Comunidades de mayores competencias de inserción sociolaboral. De hecho, Pradales ha aprovechado la cumbre para reclamar el traspaso de la competencia de la concesión de autorizaciones iniciales de trabajo para las personas extranjeras -como viene recogido en el calendario estatutario acordado con Pedro Sánchez-, así como agilizar las citas en comisarías para abordar certificados istrativos y realizar procesos laborales legales.

«Necesitamos con urgencia un plan estratégico de migración que incluya: planificación, previsión de escenarios, indicadores de evaluación y memoria económica real», ha clamado Pradales, quien ha reclamado igualmente desarrollar programas de Formación Profesional en origen y en destino para mejorar las capacidades y opciones de al empleo de estas personas.

El Gobierno central, por su parte, ha instado a las comunidades autónomas a «acordar de una vez» una solución compartida al reparto de menores migrantes, uno de los principales escollos en esta materia, «a través de criterios objetivos, apelando a la solidaridad de todas las comunidades», a la vez que les ha emplazado a sumarse a sus iniciativas y a «una política migratoria responsable y solidaria».

En otro orden de cosas, Pradales también ha planteado medidas en otras materias, como en el ámbito de la salud, donde ha propuesto elevar la edad de ejercicio de la profesión médica voluntaria a 72 años en Atención Primaria.

Respecto a la política de vivienda, el lehendakari ha demandado al Gobierno central «activar con urgencia» un nuevo paquete de inversiones públicas a fondo perdido para la construcción de vivienda pública y protegida en régimen de alquiler, así como la regeneración y rehabilitación del parque ya construido. «El parque vasco es el más envejecido de Europa», ha lamentado Pradales, quien ha opinado que este paquete debería financiarse mediante el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia europeo (MRR).

Además, ha pedido modificar la Ley del Suelo de ámbito estatal para agilizar los procedimientos urbanísticos municipales y los trámites que implican, según ha dicho, «movilizar suelo público y aumentar la oferta de vivienda». Así como transferir a Euskadi los suelos aún hoy pertenecientes al Estado «que tengan un planeamiento urbanístico adecuado y pactado con los Ayuntamientos para construir vivienda protegida», como sería el caso de los Cuarteles de Loiola por ejemplo.

Pradales también ha aprovechado su discurso para hacer una mención específica a los Fondos Next Generation, al no querer intervenir en el debate directo sobre la financiación autonómica que también ha copado una parte del orden del día de la Conferencia de Presidentes. «En tanto que Euskadi no participa de la financiación autonómica de régimen común al contar con un sistema propio de Concierto Económico, no voy a pronunciarme respecto a esta materia», ha dicho.

No obstante, ha solicitado «descentralizar los Fondos Europeos para que Euskadi pueda decidir y gestionar directamente y con agilidad la asignación de los mismos para afrontar las transformaciones social, digital, industrial y ecológica». Igualmente, ha pedido agilizar «las asignaciones de fondos y flexibilidad en las fechas de ejecución mientras no se produzca la descentralización», así como «negociar por parte del Estado ante la Comisión europea la ampliación de la fecha límite de vencimiento», es decir, a 31 de diciembre de 2026.

Por último, ha solicitado no computar los Fondos de Resiliencia Autonómica (FRA) que derivan del Plan de Recuperación como deuda ni déficit de las Comunidades Autónomas. «Esto permitirá disponer -ha dicho Pradales- de una mayor flexibilidad financiera para implementar proyectos. No podemos permitirnos el lujo de infrautilizar esta palanca financiera para transformar nuestra economía y nuestro país, Euskadi».