Tapia asegura que se despedirá a De Miguel en cuanto el Gobierno Vasco reciba la sentencia

Tapia realizó estas manifestaciones durante su comparecencia en la Comisión de Desarrollo Económico del Parlamento Vasco solicitada por David Soto, de Elkarrekin Podemos-IU. La petición tenía como objetivo que la consejera explicara las «responsabilidades públicas de Alfredo de Miguel» y conocer cuándo será despedido de la fundación pública Hazi, donde tiene un salario de 57.407 euros al año.

Tapia respondió que De Miguel será despedido cuando tanto él como el Gobierno Vasco reciban la sentencia que dictó el Supremo el 9 de enero y que, aun siendo firme, carece de auto de ejecución al no haber sido comunicada desde la Audiencia de Álava.

La consejera desgranó de forma prolija el itinerario laboral de De Miguel desde la creación de Hazi en 2012. Recalcó que en la última fase, tras la primera sentencia de la Audiencia de Álava de diciembre de 2019 -corroborada por el Supremo tres años más tarde- el ex alto cargo del PNV nunca actuó en representación del Gobierno Vasco, sino como secretario técnico del grupo de acción local pesquero y no «como gerente de Hazi».

Tapia reconoció que el despido es una medida adecuada dado que los hechos son lo «suficientemente graves». La consejera hizo suyas la palabras del lehendakari cuando en el pleno del Parlamento del 3 de febrero manifestó, en referencia al caso De Miguel, que «ningún país está libre de corrupción».

La oposición no ahorró críticas al Ejecutivo, a quien acusaron de dilatar sin razones de peso el despido de De Miguel y, como recalcó Soto, ni siquiera de suspenderle el sueldo. Josu Estarrona (EH Bildu) reprochó a Tapia la «pasividad» ante esta cuestión, mientras que Carmelo Barrio (PP+Cs) calificó de «sospechosa la defensa a ultranza» de los condenados. Amaia Martínez (Vox) consideró que se está protegiendo a De Miguel para que «no tire de la manta».

Mikel Arruabarrena (PNV) criticó la tardanza de la justicia por resolver este caso, mientras que Gloria Sánchez (PSE) dio por buena la explicación de Tapia de que no se puede actuar hasta no recibir la notificación de la Audiencia.

El caso de Miguel ha supuesto un quebradero de cabeza para el PNV. La comisión de ayer fue un jalón más en la larga cadena de explicaciones que el Gobierno Vasco está teniendo que dar desde que la Audiencia y después el Supremo ratificara la condena a excargos y exburukides del PNV en el mayor capítulo de corrupción en Euskadi en los últimos años.

La sentencia llevará a la cárcel a Alfredo de Miguel, 'Txitxo', que cumplirá nueve años de prisión. El fallo establece que él y otros ex del PNV utilizaron su influencia con personalidades que ocupaban puestos de relevancia en la istración autonómica y municipal. De este modo, se concertaron para favorecer que determinados organismos públicos adjudicaran contratos a empresarios que estuvieran dispuestos a pagarles una comisión.