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Un año después, el proyecto de convertir el conflictivo edificio abandonado de Martutene que fue colegio de los Agustinos está paralizado por la presencia de ... okupas. El Gobierno Vasco, titular hasta el año pasado del inmueble, lo vendió al centro de Formación Profesional Ortzadar en una operación inmobiliaria que se cerró de forma oficial el 19 de junio de 2024, pero desde entonces hasta ahora los nuevos propietarios no han podido hacer nada en el lugar. ¿La razón? La demanda que efectuaron para conseguir una orden de desahucio está bloqueada en los juzgados de primera instancia de San Sebastián y el inmueble saltó ayer de nuevo a la palestra después de la pelea a cuchilladas que tuvo lugar allí el domingo por la noche y que derivó en dos detenciones y cincuenta personas desalojadas por la Ertzaintza.
«Mientras el edificio continúe okupado nosotros no podemos hacer nada», lamentan desde la dirección de Ortzadar, donde iten estar «frustrados y desesperados» por la tardanza de la Justicia en resolver este litigio que se está desarrollando por lo civil. El primer movimiento judicial de este centro formativo que se reparte actualmente en dos sedes -una en Ategorrieta y otra precisamente en Martutene- se produjo el 30 de julio de 2024. En aquel momento se presentó una demanda de desahucio contra los okupas que no termina de prosperar y que está imposibilitando «sacar adelante el proyecto educativo que habíamos diseñado y por el que tanto habíamos peleado», cuentan desde Ortzadar.
A mediados de noviembre de 2024 la demanda de desalojo fue itida a trámite por la justicia, pero desde entonces «nos hemos encontrado con un camino lleno de obstáculos», denuncian desde el centro de FP. Los motivos de esta demora en los despachos de los juzgados de primera instancia son, según el abogado que representa a Ortzadar, «las solicitudes de justicia gratuita reclamadas por dos de los moradores del edificio, que también han solicitado en los últimos meses la paralización del proceso judicial para evitar el lanzamiento».
Después de varios recursos cruzados entre las partes afectadas por este litigio, el 14 de febrero se señaló desde los juzgados de primera instancia de San Sebastián la fecha para celebrar el juicio por la demanda de desahucio de este controvertido inmueble, fijada para el 25 de marzo. Sin embargo, «un día antes la vista quedó pospuesta 'sine die' porque al segundo solicitante de la justicia gratuita no le habían designado aún un abogado de oficio», explica el letrado. Desde entonces hasta ahora, no ha habido más noticias de la sala que lleva este conflicto legal. En estos momentos, aclara el abogado de Ortzadar, «estamos esperando a que nos den una respuesta por el recurso que presentamos contra la suspensión de la vista programada para el 25 de marzo». Desde la dirección del centro Ortzadar aguardan con inquietud la resolución judicial y iten con resignación que «pase lo que pase, ya hemos perdido un año del proyecto».
Una vez que se consiga la orden del desalojo y se proceda al mismo, el plan de Ortzadar es el de rehabilitar el edificio, «nunca demoler», remarcan, «porque tiene valor histórico». Las previsiones que manejaban el año pasado desde la dirección del centro formativo apuntaban a un periodo de unos 18-24 meses para reformar el inmueble. Aunque, antes de poner patas arriba el edificio, «habría que acometer los trabajos de limpieza y desescombro del mismo. El presupuesto de esta acción ya estaba perfilado y son unos 600.000 euros», añaden.
En estos momentos Ortzadar acoge en sus aulas a cerca de 300 alumnos en formato de educación reglada por el Gobierno Vasco, «sin contar a las personas que vienen a formarse desde los programas de búsqueda de empleo de Lanbide», indican.
Los okupas del antiguo instituto politécnico de Martutene son jóvenes de diversas nacionalidades. «En momentos puntuales del año pueden juntarse hasta unas 120 personas en el edificio», apuntan desde Ortzadar. En cuanto a los moradores que han presentado recursos a la demanda judicial efectuada por el centro de FP, según ha podido saber este periódico, uno de los dos cuenta con antecedentes penales. En este sentido, la parte demandante cree que los okupas están siendo asesorados legalmente por una tercera persona desconocida. Otro de los puntos que ha causado confusión y estupor en la dirección de Ortzadar es que ahora el inmueble es habitable. «Desde hace meses cuenta con una red eléctrica y agua corriente. No sabemos quién ha sido el responsable de la instalación», afirman los titulares del edificio, que iten que «confiábamos en que durante este proceso íbamos a contar con una compañía algo más activa por parte de las instituciones».
Mientras la justicia dirime esta disputa, la preocupación vecinal en Martutene sigue sin disiparse. «Esto no es algo de esta semana, ni del mes pasado. Llevamos más de 20 años pidiendo que se haga algo con la inseguridad que vivimos en el barrio», claman desde la asociación de vecinos Sarroeta, que aúna a siete agrupaciones distintas de este barrio donostiarra. Se declaran a favor del proyecto educativo de FP que quiere estrenar Ortzadar en este edificio abandonado desde 2003, ya que consideran que «puede ser una iniciativa muy interesante porque ellos trabajan con chicos en situaciones complicadas».
Es un centro cuya filosofía «puede encajar en el barrio», pero lo que demandan para el antiguo colegio de los Agustinos no es un desalojo «sin más. Lo que pedimos es una solución integral, que les den alguna alternativa a esas personas que están en situación de vulnerabilidad». Algunos de ellos, apuntan desde la asociación de vecinos Sarroeta, «delinquen en el barrio, pero también hay otros que están esforzándose mucho para integrarse en la sociedad». «Lo que no es de recibo», denuncian, «es que las instituciones se laven las manos y le dejen este problema a Ortzadar para que lo solucionen ellos solos».
El edificio lleva siendo un foco activo de problemas desde hace bastantes meses, hasta el punto de que está considerado como uno de los tres más conflictivos de Donostia, junto al de Jolastokieta en Herrera y Villa Oyón, también en Martutene. La presencia de okupas que residen de forma irregular y que han provocado decenas de intervenciones policiales en los dos últimos años en este antiguo instituto politécnico genera «tensión e inquietud» entre los vecinos del barrio, que han pedido de forma recurrente a las autoridades competentes más presencia policial tras denunciar «un aumento de la inseguridad».
El solar en el que se encuentra el antiguo instituto politécnico de Martutene va a tener mucho movimiento en los próximos años. Además de la creación de este nuevo centro de FP, paralizado por la presencia de okupas, está previsto que en ese enclave se construyan un centenar de apartamentos dotacionales para jóvenes y mayores en un terreno que es propiedad del Gobierno Vasco. Igualmente, el terreno será también utilizado por Adif, la empresa pública estatal responsable de las infraestructuras ferroviarias, como almacén para el acopio de los elementos de obra que van a hacer falta en la instalación de la llamada superestructura del TAV. Desde allí se distribuirán para ir colocándolos entre Bergara y Hernani.
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