«Se producen presiones a los del tribunal que dan lugar a filtraciones»

Es decir, por «permitir a del tribunal favorecer a determinados opositores en detrimento de los demás, proporcionándoles conocimiento del contenido del examen». Tres jefes de servicio están llamados a declarar ante el juez, a petición de la Fiscalía, como imputados en este caso. Por su papel en la elaboración de las pruebas y ser componentes de los tribunales, «aparecen indicios de que han producido filtración del contenido de las pruebas y que en algunos casos permiten inferir la presunta autoría» de los hechos, reza el escrito de la Fiscalía. Hace referencia a César Augusto Valero (Anestesiología y Reanimación), María Reyes Vega (Angiología y Cirugía Vascular) y José Luis Cabriada (Aparato Digestivo). Además de estas tres pruebas, hay otras ocho que también están bajo el foco de la sospecha. Será en este caso el juzgado quien deberá «acreditar y/o individualizar personas concretas que hayan tenido el dominio de la acción dentro de los tribunales».

A pesar de ser ellos tres los únicos imputados, el ministerio público pone también el foco en la dirección de Osakidetza. La Fiscalía solicita que declaren como testigos ante el juez María Jesús Múgica, exdirectora general, así como Juan Carlos Soto, exdirector de Recursos Humanos; el subdirector del mismo área, Xabier Balerdi; y Andoni Arcelay, director de Asistencia Sanitaria. Sobre estos tres últimos, el escrito de Carmen Adán, señala que las «diligencias que se practiquen con anterioridad» en este caso «determinen la calidad en que han de ser citados». Es decir, no descarta que también puedan declarar como imputados.

Soto, Balerdi y Arcelay están señalados como responsables de «designar a las personas que elaborarían los exámenes en las pruebas de especialistas médicos». Y en teoría este no era un papel que ellos deberían desempeñar. Como consta en el informe de la Fiscalía, Osakidetza y el Instituto Vasco de istración Pública (IVAP) firmaron el 26 de enero un acuerdo por el cual se «encargaba a este la elaboración de los exámenes teóricos. Con el objetivo de dotar de mayores garantías al proceso». Sin embargo, «quien finalmente y en realidad designaba a las personas» para tal proceso fue la «dirección de Osakidetza». Según la declaración ante el ministerio pública de María Teresa Iruretagoiena, directora del IVAP, fue el Servicio Vasco de Salud quien «les proporcionó un listado de personas, una por especialidad médica» para tal efecto. El escrito de la fiscal superior deja claro que ese papel los despeñaron Soto, Balerdi y Arcelay. Desde el IVAP, además, no tuvieron conocimiento de que en ocasiones, «alguna persona designada por Osakidetza fueran también del tribunal».

Fue entre los componentes de quienes debían velar por el buen hacer en las pruebas, entre quienes surgieron problemas por los resultados atípicos que se lograron en ciertas especialidades. Por ejemplo, la reacción inicial de los componentes del tribunal de Anestesia fue de «disolver y marcharse». Marta Macho, anestesista denunciante, testifica que habló con Pablo Renedo, jefe de servicio del Hospital del Alto Deba, quien les comentó que estaba «esperando las respuestas de si recibe o no las preguntas para su uso personal». En Angiología, profesionales con años de experiencia señalan que ellos «no habrían aprobado el primer examen» y que la «diferencia en los resultados no se debe a una mejor calificación o preparación de los mismos».

En Cardiología, un componente del tribunal remitió un mail al presidente y al secretario, pidiendo que el segundo examen lo hiciera el IVAP, «alegando que por su experiencia en anteriores procesos, se producen presiones a los del tribunal que dan lugar a filtraciones de todo o parte del contenido». Este profesional avisó que iba a dimitir, al igual que otra compañera del mismo tribunal. Esta señala en su declaración que «vio que algunos del tribunal estaban contentos porque sus compañeros de trabajo habían hecho un buen examen. Pensó en dimitir porque no quería ser corresponsable de aquello».

En Traumatología se llega a insinuar -«pero no resulta posible constatarlo»- que posiblemente se ha informado a los denunciantes que los aspirantes a los que se iba a favorecer «utilizarían inicios de frase o subrayados clave para eludir el anonimato e identificarse».