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J. Artola
Domingo, 18 de mayo 2025
Efectivos del Cuerpo Nacional de Policía impidieron este domingo en la plaza del Ayuntamiento de Pamplona que un grupo del Colectivo de Víctimas del Terrorismo ( ... Covite) se plantase ante la marcha de la plataforma Sare, que reclama el final de la legislación 'excepcional' para los presos de ETA. La representación de Covite estaba integrada por su presidenta, Consuelo Ordóñez, hermana de Gregorio Ordóñez, el concejal de San Sebastián asesinado por ETA; Iñigo Pascual, hijo del ingeniero de Lemoiz Ángel Pascual, asesinado por ETA; Conchi Fernández, viuda del guardia civil Aurelio Prieto tiroteado en Alsasua en 1980 y por José María Lobato, que resultó herido grave cuando escoltaba a una concejala del PP en San Sebastián.
Las cuatro víctimas mostraron carteles donde podía leerse «No son presos políticos. Son asesinos presos», «La convivencia no se construye sobre impunidad», «La única excepcionalidad son vuestros privilegios por ser presos de ETA» y «Sin arrepentimiento no hay reinserción. ¿Por qué les prohibís arrepentirse?».
Hacia las siete de la tarde, la marcha de Sare, procedente de Lesaka, hacia su entrada en la plaza del Ayuntamiento. La Policía Nacional había establecido un cordón para mantener a distancia a los de Covite. Su presidenta expresó su indignación. «Es la primera vez que nos pasa», itió.
El episodio se desarrolló con rapidez y sin incidentes, «¡Os falta la última pieza! ¡Las víctimas!», gritó Ordóñez. «Hemos venido a decirle a la izquierda abertzale que son presos políticos sino asesinos presos y están en la cárcel por matar o ayudar a matar a nuestros familiares», dijo. «Estoy indignadísima. Somos solo cuatro víctimas y la Policía Nacional no nos ha dejado pasar. Les habíamos avisado previamente de que iríamos. Esto no nos había pasado nunca», lamentó. «Es inaudito, nos han hecho el cordón policial a nosotros. Tenemos todo el derecho a boicotear los homenajes a quienes han asesinado a nuestros familiares», dijo.
La convocatoria de Sare culmina una serie de movilizaciones para exigir el fin de la 'excepcionalidad' con los presos de ETA. La iniciativa ha recorrido los 544 kilómetros que separan una treintena de localidades donde nacieron o viven personas que cumplen prisión en régimen cerrado.
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