Ley Celaá: adiós a la judicialización del modelo vasco

La media deja bien claro que no existe un consenso parlamentario y las consecuencias se han reflejado en el sistema educativo vasco. A pesar de que la comunidad autónoma cuenta con las competencias transferidas, en los últimos años ha visto como algunas de sus decisiones han acabado en los tribunales después de que los gobiernos presididos por Mariano Rajoy recurrieran temas como las becas, el currículo o las OPE.

El último ejemplo del disenso educativo estatal ha sido la LOMLOE -Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación de 2006- , ya conocida como ley Celaá en referencia a la actual responsable del Ministerio de Educación y Formación Profesional, con la que PSOE y Unidas Podemos, apoyados por los votos favorables del PNV y ERC y Más Madrid y los contrarios de PP, Cs, Vox, CC, CUP, PCR y UPN, tumbaron por un voto en el Congreso la polémica ley Wert (del ministro José Ignacio Wert y sacada adelante solo con el respaldo del PP, que entonces tenía mayoría absoluta). Entre las abstenciones se encontraba la del grupo EH Bildu. Ahora debe ser refrendada por el Senado y si en la Cámara alta se producen cambios, cosa poco probable, regresará de nuevo al Parlamento para su aprobación definitiva.

A nadie se le escapa que la oposición ha utilizado la nueva ley como un arma arrojadiza contra el gobierno de coalición, trascendiendo el ámbito educativo y llevando los contenidos a la arena política. Pero más allá de si se trata de una afrenta a la Constitución, el hecho de que la lengua española no se considere vehicular o si no ceder suelo público para los centros concertados es un ataque directo a las libertades, la cuestión está en qué cambia en el día a día y en el caso de Euskadi se puede resumir en aspectos judiciales y educativos. En ambos casos para bien. «Esta ley es mejor que la anterior porque no establece nuevas trabas y nos permite recuperar la autonomía que nos corresponde en materias como las becas, las lenguas, el currículo o el modelo», ha manifestado esta semana el lehendakari, Iñigo Urkullu, en el Pleno.

Desde que se puso en marcha la Lomce hace ahora siete años, -con algunos aspectos considerados nocivos por el Departamento de Educación sorteados a través del Plan Heziberri 2020 como es el caso de las reválidas-, el Gobierno Vasco ha visto cómo desde Madrid se presentaban recursos contra algunas de sus decisiones en materia educativa, en temas fundamentales como las becas.

En 2016 y tras un recurso del Ejecutivo centra, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) decidió anular varios artículos de la orden del Gobierno autonómico que regulaba las becas para estudiantes no universitarios que fijaban, entre otros aspectos, los umbrales de renta necesarios para obtener ayudas superiores a los establecidos por el Ejecutivo de Madrid. Es decir, consideraba que no podía haber un sistema de becas paralelo. El año pasado el Supremo confirmó el fallo. No tenía en cuenta que el Estado había consentido hasta entonces y durante tres décadas el desarrollo de un sistema de subvenciones propio en Euskadi con cargo a sus Presupuestos y en base a sus competencias en Educación sin que antes se hayan impugnados otros decretos.

Uno de los aspectos que más polémica ha levantado la nueva ley es la eliminación del castellano como lengua vehicular. Lo cierto es que esa mención explícita solo se registró en la LOMCE y fue un empeño de Wert, centrado sobre todo en evitar lo que consideraba una discriminación del español en los colegios catalanes. «Las istraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos y las alumnas a recibir enseñanzas en castellano y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con la Constitución Española, los estatutos de autonomía y la normativa aplicable», reza el nuevo texto junto al compromiso, no especificado en la forma, de que el alumnado dominará ambas lenguas donde las haya.

El PNV, a través de una enmienda, quería que se recogiera que donde no hubiera otra lengua oficial, la vehicular fuera el castellano y que donde los estatutos de autonomía sí contemplaran una lengua propia oficial esa fuera la vehicular, pero no consiguió los apoyos suficientes.

En el documento que el Departamento de Educación elaboró hace dos años como base para trabajar en el desarrollo de la nueva ley vasca de Educación se recoge que el eje central del sistema educativo es el euskera. Se establece como objetivo que los alumnos alcancen el nivel B1 para las dos lenguas oficiales al finalizar la etapa primaria y el B2 en la secundaria obligatoria.

Otro de los focos en los que han incidido los críticos con la LOMLOE es la enseñanza concertada. Consideran que hay un ataque directo contra esta modalidad porque prohibe ceder suelo público para nuevos centros concertados o que no se cobren tarifas por las actividades obligatorias. Un tema que, en principio, no ha levantado la polvadera del resto del Estado. Euskadi tiene una idiosincrasia propia. Es la comunidad con mayor número de alumnos matriculados, prácticamente el 50% de los estudiantes vascos no universitarios, en esta red conformada casi en su totalidad por las ikastolas y los colegios católicos. En este sentido, desde el gobierno de Urkullu se afirma que queda asegurado el modelo vasco, único basado en las redes pública y concertada, garantizándose la libre elección de los padres.

El currículo también se ve modificado con la nueva ley. Prácticamente toda la comunidad educativa comparte que el actual es demasiado extenso y disperso, y satisface que ahora se contemple uno más corto, flexible y centrado en las competencias. En cuanto a la postura del Gobierno Vasco, el consejero de Educación se ha mostrado satisfecho porque permite al Departamento elaborar el 50% de los contenidos, algo que no había sucedido hasta ahora. La nueva norma se asemeja más a la propuesta por la que ha abogado el País Vasco desde hace años. El Gobierno del PP había recurrido el decreto del currículo de Educación Básica de Euskadi

El Ejecutivo español, con el PP al frente también denunció las Ofertras Públicas de Empleo . Los recursos se debían a que en principio en Euskadi no se aplicaba una tasa fija de reposición del profesorado. Para cumplir la ley, la consejera Cristina Uriarte tuvo que convocar OPE con menos plazas de que las necesarias,