El Supremo notifica de forma oficial la sentencia del 'caso De Miguel' y abre la puerta a su inmediato ingreso en prisión

De Miguel, considerado el principal cabecilla de la mayor trama de corrupción descubierta y sentenciada en Euskadi, fue condenado a trece años aunque sólo cumplirá nueve. Y al igual que sucedía con, al menos, otros dos sentenciados -Koldo Ochandiano y Alfonso Arriola-, este antiguo burukide conservaba su plaza en la istración autonómica a pesar de acumular tres resoluciones en su contra. Ostenta un puesto de responsabilidad en Hazi, una fundación pública dependiente del Gobierno de Lakua para la que ha llegado a acometer labores de representación.

La istración vasca argumenta que su conocimiento de la decisión del Supremo se limita a «los medios de comunicación social y la web oficial» del alto tribunal. Y pese a su condición de «actor civil perjudicado» -los implicados se apropiaron de subvenciones autonómicas de manera ilícita-, esta institución niega haber tenido «hasta la fecha notificación oficial de la misma ni de su firmeza», estima la comunicación remitida al Palacio de Justicia de Vitoria. La Audiencia de Álava será la encargada de ejecutar las condenas de este caso.

El Gobierno Vasco señalaba asimismo que «es importante que antes de tomar ninguna decisión sobre la posible extinción del vínculo laboral/funcionarial de las personas condenadas, esta istración conozca de forma fehaciente la firmeza de la sentencia». El 11 de enero, 24 horas después de que se anunciaran las penas definitivas para la quincena de implicados, de los que sólo cuatro pisarán la cárcel, la consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, confirmó que sus rescisiones se ejecutarían a «la mayor brevedad». Sin embargo, a día de hoy, ninguna se ha materializado, lo que ha conllevado una importante tormenta política.

Catorce personas, la mayoría pertenecientes o en la órbita del PNV, fueron condenadas por delitos como cohecho, falsedad en documento mercantil, tráfico de influencias, blanqueo de capitales o asociación ilícita. Iñaki San Juan, exedil de Leioa, supo la semana pasada que evitará el paso por la cárcel al beneficiarse de la rebaja para la prevaricación. En enero, De Miguel, Tellería y Ochandiano abonaron la responsabilidad civil. «Para evitar el embargo y acceder antes a beneficios penitenciarios», aprecian medios judiciales.